De las 221,597 personas fallecidas a causa del COVID-19 en México (cifra al corte de este 22 de mayo) un 94% no habría tenido la posibilidad de quedarse en casa para evitar el riesgo de contagiarse del virus.
Así lo reveló un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que detalla que la mayoría de las víctimas mortales tenían empleos esenciales, sin alternativa a desarrollarlos de manera presencial, tales como obreros, choferes, vendedores ambulantes.
Otros datos que subraya el estudio es que se trata de un sector con bajo nivel de escolaridad. Además el 92% de los muertos perdió la vida en una institución pública.
“Las inequidades en los determinantes sociales de la COVID-19, como la pobreza y el acceso a la atención médica que afectan a los grupos vulnerables en México, están interrelacionados e influyen en el riesgo de enfermar y morir a causa de este padecimiento. La pandemia del SARS-CoV-2 se trata, sin lugar a duda, de uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes y nuestro país no es la excepción”, detalla el documento.
Asimismo, el estudio llamado llamado “Impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en México”, indica que aún “se desconoce lo que podrá ser su costo total en vidas y la profunda crisis de salud que ha provocado. Ahora más que nunca es perceptible el impacto de los determinantes sociales sobre la salud de la población”.
Entre la variantes, señalan con hincapié la escolaridad al indicar que en México la baja escolaridad está asociada a condiciones precarias de vida y salud y a un mayor riesgo de muerte, por lo que no cabe duda que el virus ha afectado en gran medida a la población con menor escolaridad, ya que “prácticamente la mitad de las muertes se produjeron en personas con un nivel educativo máximo de primaria”.
Por otro lado, el informe apunta que en México, el 92% de las muertes por COVID-19 se ha producido en una institución pública, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó el 52% de las muertes durante el primer año de la pandemia, seguido de las unidades médicas de la Secretaría de Salud (SSA) con el 32% y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el 8%. Mientras que las instituciones médicas privadas solamente ha fallecido el 2%.
“Del total de contagios, unos 2,144,588, únicamente el 25% recibió atención hospitalaria. A nivel nacional, solo una de cada cinco personas fallecidas por COVID-19 fue atendida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El contraste más significativo es el del IMSS, que únicamente proporcionó terapia intensiva al 4% de las personas fallecidas que atendió. En relación con la intubación, procedimiento que debería de aplicarse a la mayoría de los casos graves, solo han sido intubadas al 29% de las personas fallecidas. De nuevo el máximo contraste se observa en el IMSS, en cuyas unidades médicas solamente se intubó al 20% de las personas fallecidas. Esto es extremadamente relevante, porque el IMSS atiende a una de cada tres personas con COVID-19″, destaca la investigación.
El estudio concluye que en México, la probabilidad de tener atención hospitalaria de calidad se reduce notablemente para quienes residen en lugares con mayor concentración de pobreza y la mortalidad es mayor para ellos. Lo que refleja una problemática social relacionada con el ingreso y consecuentemente un mayor o menor grado de salud.
Además indica que las desigualdades en salud son evitables e injustas y que los datos tomados en cuenta para el estudio apuntan a grandes diferencias tanto en nivel de contagio como en la gravedad y mortalidad de la COVID-19, según el nivel socioeconómico.
“Para analizar el comportamiento de la pandemia en México, debemos considerar la enorme desigualdad social, la alta prevalencia de enfermedades crónicas, la existencia de zonas y grupos sociales altamente vulnerables por su condición socioeconómica y la poca capacidad de respuesta institucional para el cuidado de la salud antes y durante la pandemia”, concluye el informe.
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