La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió este domingo indagar posibles abusos y violencia sexual en la presunta detención arbitraria de 95 estudiantes durante una manifestación en Chiapas.
“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, en un pronunciamiento.
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El organismo se refirió a la protesta del martes pasado, cuando policías estatales aprehendieron a 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas de familias desplazadas del ejido Puebla de Chenalhó.
Un juez declaró legal la detención de 95 personas y solo liberó a dos adolescentes, reportó el organismo.
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En la manifestación, 250 estudiantes realizaron bloqueos de vías de comunicación en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, para exigir al Gobierno del estado mejoras en su educación y un acceso equitativo ante los estragos de la pandemia de Covid-19.
Desde entonces, organizaciones civiles han denunciado maltrato, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza e inclusive agresiones sexuales de policías contra las detenidas.
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“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, declaró el representante de la ONU-DH.
La ONU-DH aseveró que ha recibido información de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas.
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El organismo reportó denuncias sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, llamado “El Amate”.
La organización llamó “a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas” como el respecto a la presunción de inocencia y garantías para las personas que hablan lenguas indígenas.
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El representante internacional legitimó los reclamos de los manifestantes, quienes protestaron contra la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal fuese solo por internet, lo que podría dejar sin oportunidad a personas sin computadora o red.
“Las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y muchas veces viven en condiciones de exclusión y pobreza, tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos sin enfrentar barreras que en la práctica constituyen discriminación”, concluyó Fernández-Maldonado.
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Con información de EFE
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