Abigael González Valencia, apodado el Cuini y segundo al mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha negociado con las autoridades federales para aportar datos que, presuntamente, esclarecerán la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según informes de Excelsior y Grupo Imagen, el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, máximo líder del CJNG, estableció contacto con Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración adscrito a la Secretaría de Gobernación.
Alejandro Encinas notificó, el 8 de abril pasado, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que el Cuini colaboraba con testimonios de alto valor para el caso Ayotzinapa, según los medios referidos.
Luego de ello, se ordenó que González Valencia fuera trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, penal de máxima seguridad, al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de mediana seguridad.
La petición fue por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas, así como de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación para este suceso.
Pasado un mes de la notificación a la SSPC, el Cuini fue enviado del Altiplano al tercer nivel Módulo B de la Zona Diamante, en Santa Martha. Su ingreso transcurrió entre la noche del sábado 8 y madrugada del domingo 9 de mayo. Administrativos del Centro Penitenciario en la Ciudad de México fueron tomados por sorpresa.
Tras su arribo, el cabecilla del CJNG fue visitado por el fiscal Gómez Trejo. Félix Santana Ángeles se presentó como defensor del Cuini. En ese primer encuentro, el capo preguntó por Alejandro Encinas, con quien había pactado reunirse, pero este último no asistió.
Gómez Trejo volvió nuevamente el 12 de mayo reciente, fue recibido por autoridades del penal de Santa Martha y por el abogado del presunto narcotraficante. Tanto el fiscal como el cuñado de Osegura Cervantes y su representante habrían conversado desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles.
En tanto, la seguridad fue reforzada a las afueras del penal capitalino con 27 soldados y un comandante. Los reportes indican que el Cuini otorgará información para evitar ser extraditado a Estados Unidos.
Supuestamente posee datos relevantes sobre los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Aunque en los hechos participaron policías municipales, federales y agentes del Ejército, se ha informado que los jóvenes fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos, al confundirlos con sus rivales de Los Rojos.
Sobre estos dos grupos criminales o sus operaciones habría de aportar el Cuini. Supuestamente, los datos que ofrecería González Valencia fueron reunidos desde hace varios meses por las fuerzas del CJNG. Pero el capo habría dejado ver, al menos desde hace un año, que tenía reportes importantes.
Cabe destacar que el Cuini se quejó de malos tratos al interior del Altiplano en los últimos seis meses.
En febrero pasado se dio a conocer que acusaba daños psicológicos en prisión, luego de que le fuera aplicado un correctivo de sanción, al prohibirle actividades de ludoterapia, dibujo, literatura, biblioteca y educación física, e incluso asistir a las áreas de patio y el comedor para ingerir los alimentos.
Para enero de 2020, el Cuini pudo detener su extradición a Estados Unidos luego de que la jueza Rosa María Cervantes Mejía aprobara su moción. Actualmente está sujeto a ser enviado al país norteamericano por una petición del Tribunal de Distrito de Columbia.
Es requerido por su presunta participación en el crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, coacusado con su cuñado en el caso 1:14-cr-51. Del Altiplano pasó al penal de Durango, pidió que fuera regresado y ahora está en la capital del país, tras su detención en 2015.
La estrategia en el caso Ayotzinapa representó un giro radical en las indagatorias, pero queda por ver cuales serán los alcances y, en consecuencia, sus beneficios. Alejandro Encinas, la Fiscalía General de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador no han ofrecido detalles sobre la colaboración.
El jefe del Ejecutivo ha reiterado que se ofrecerá protección, en el marco de la legalidad, a quienes rompan el pacto de silencio sobre la desaparición de los normalistas.
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