La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó un informe del caso Ayotzinapa elaborado por el propio ente durante su mandato anterior por no cumplir “con los estándares internacionales” y lamentó que la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 mantenga “la deuda de impunidad”.
“A cerca de siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas”, indicó la CNDH en un comunicado.
El organismo explicó que el 28 de noviembre de 2018, la CNDH emitió una recomendación relacionada con la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Dicha investigación estuvo a cargo de la Oficina Especial para el Caso Iguala, la cual fue declarada extinguida el 29 de enero de 2020”, recordó la CNDH, cuando la actual presidente del organismo, Rosario Piedra Ibarra, ordenó retomar el acompañamiento de las víctimas para “tener acceso a la verdad y la justicia”.
A partir de enero del 2020 se llevó a cabo además el análisis del expediente, “con la finalidad de valorar el alcance de la recomendación” y avanzar en las investigaciones.
El 14 de febrero de 2020 se encontró que “no cumple con los estándares internacionales” en materia de derechos humanos “al no contemplar la búsqueda con vida” de los estudiantes.
“Asimismo, revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas”, especialmente a los estudiantes normalistas, indicó la CNDH.
El organismo defensor de los derechos humanos consideró que la investigación llevada a cabo por el propio organismo no tomó en consideración importantes puntos.
Por ejemplo, las pruebas que integran el expediente de la CNDH ponen de manifiesto “la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos” pero a las que se les dirigieron “recomendaciones poco contundentes”, como aquellas hechas al Ejército.
“No refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados” en el suceso, destacó la CNDH.
Además, existen autoridades de las cuales se identificó su participación en los hechos que no fueron recomendadas como correspondía, como es el caso de los Ayuntamientos de Huitzuco y sus policías locales probablemente implicados en el caso.
Esto “resulta incongruente ya que dentro de la misma recomendación (de la CNDH) quedó constatada (su participación), lo que resulta alarmante”, apuntó el texto.
Además, “no se escuchó a las víctimas, ni se respetaron sus derechos, antes de la emisión de la citada recomendación”.
Por estas fallas, consideró la actual CNDH, se dejó de lado los cinco puntos “imprescindibles” de la investigación que piden los padres: búsqueda en vida; investigar el Ejército mexicano; realizar pesquisas en Huitzuco; rastrear la telefonía celular y ahondar en el trasiego de la droga de Iguala a Chicago como posible móvil de la agresión.
“Por otro lado, no se señaló como punto recomendatorio a la Fiscalía General de la República el garantizar el acceso a la información de las líneas de investigación”, indicó la CNDH.
El pasado 21 de marzo Piedra Ibarra se reunió en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con familiares y representantes de los 43 estudiantes y les habló de estas fallas halladas en el anterior informe, cuando todavía dirigía la institución Luis Raúl González Pérez.
Según la desacreditada versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías locales corruptos que los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero.
El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ordenó reiniciar las investigaciones, anunció el pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición, que había órdenes de captura contra militares y policías federales.
*Con información de EFE
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