El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de la Industria Eléctrica para su entrada en vigor, aunque dos días después, el juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió temporalmente la aplicación de la reforma en lo que se resuelven las demandas de amparo que se están presentando.
Lo cual generó una serie de reacciones. El mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó que ante la medida acudiría a la “Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces”.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartió en redes sociales: “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
El periodista y académico, Ricardo Raphael, escribió en su columna de opinión para Milenio que “a partir de ahora será difícil evitar el choque entre el Ejecutivo y la inmensa mayoría de los operadores del derecho”.
Y puntualizó que López Obrador “desea que un Poder Judicial que asuma como propia su definición de interés nacional. El Poder Judicial quiere un Presidente que respete la independencia de los jueces y la separación de poderes. La contradicción de los objetivos es obvia y profetiza una batalla que solo puede ser desastrosa”.
Habrá que recordar que la iniciativa del presidente fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores sin cambios y en la que se privilegia el despacho eléctrico de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la participación de las centrales de empresa privadas.
López Obrador indicó que las empresas están molestas con la aprobación de la reforma, porque en el pasado se beneficiaron con contratos leoninos y, en consecuencia, calificó que el juez actúa como empleado subordinado de las empresas nacionales y extranjeras en materia energética y las protege, y acusó que no se protege el interés nacional.
Tras la promulgación, tanto empresas mexicanas como extranjeras se ampararon informó en su momento la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ya que justificaron que viola la libre competencia al privilegiar a la empresa eléctrica del Estado, indicó Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, para EFE.
Ricardo Raphael refirió que “la asociación nacional que sindica a las y los juzgadores del Poder Judicial Federal defendió a Gómez Fierro y reclamó al Presidente que hubiese puesto en duda su actuación y el Consejo General de la Abogacía Mexicana recordó al titular del Ejecutivo que entre su obligaciones está respetar la separación de poderes y la independencia judicial”.
El Presidente retomó el tema en su conferencia de este lunes 15 de marzo e indicó que le enviará una carta al ministro Arturo Zaldívar en relación con la suspensión de la reforma de manera “veloz”, “se cumplió como pocas veces que la justicia tiene que ser expedita, hay quienes solicitan la suspensión, la protección, de la justicia y tardan en ser atendidos. Pero, aquí, fue vía rápida […] Seremos respetuosos de la autonomía del poder judicial”.
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