
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó los recientes asesinatos de la exalcaldesa y exdiputada local, Gladys Merlín Castro, y su hija de 27 años, Carla Enríquez Merlín, ocurridos el pasado 15 de febrero.
La patronal exigió al gobierno del estado, encabezado por el morenista Cuitláhuac García, trabajar por la seguridad de la ciudadanía.
“Estos lamentables acontecimientos se suman a los ocurridos la semana anterior en los que el precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra, fue también asesinado sobre la carretera federal 180, cerca de Ciudad Cardel”, destacó la Coparmex.
Recordó que de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, el 13 de febrero tuvo lugar un operativo en las instalaciones de la policía municipal de Orizaba con el objetivo de verificar que se cumpliera con la licencia colectiva para la portación de armas de fuego donde se retiró armamento a 340 integrantes de la corporación.

La Confederación patronal destacó que de acuerdo con información periodística, en ese operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Fuerza Civil se retiró el armamento a los 340 integrantes de la corporación, mismos que serían trasladados a la ciudad de Xalapa para ser sometidos a evaluaciones de control y confianza.
Destacó que la autoridad local informó que los elementos de la Policía Municipal ya contaban con los exámenes de control y confianza y trabajaban en coordinación con el Centro de Cómputo, Comando, Control, Cámaras y Contacto Ciudadano (C5), “por lo que la acción emprendida por la SSP imposibilita las labores de vigilancia y prevención del delito que realizaba la corporación y pone en indefensión a la ciudadanía frente a la delincuencia”, resaltó.
“Desde Coparmex externamos nuestra preocupación por una probable escalada de la violencia política en esa entidad de cara a la próxima elección, y respaldamos las labores que en aras de elevar los índices de seguridad se lleven a cabo, aunque consideramos que estas se deben conducir en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley”, afirmó.

Expuso que en el contexto actual donde se prioriza la lucha contra el COVID-19, y se emprenden acciones para lograr una recuperación económica, es necesario que todos contribuyan a la construcción de un clima de seguridad que otorgue confianza a la inversión, que facilite la generación de empleos, y que privilegie el estado de derecho.
“Reiteramos nuestro llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Veracruz y al Gobierno Federal para que actúen de manera decidida en la prevención de cualquier forma de acto violento e intimidación, a que se detonen los mecanismos de protección ante amenazas y se conduzcan con legalidad, transparencia, justicia y respeto a los Derechos Humanos, esto, en aras de contribuir al fortalecimiento de las estrategias emprendidas por las autoridades locales para preservar la seguridad de todas las personas e impulsar la vocación industrial y comercial de dicha entidad”, concluyó el comunicado.
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