El dirigente de Morena en Baja California Sur fue declarado culpable de violencia de género

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Baja California Sur sancionó al dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alberto Rentería Santana, por violencia de género en contra de la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.

Sin embargo, exoneró al vocero de Morena en la entidad, Pedro Magallón Juan Qui, y al comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, contra quienes también pesaba la denuncia interpuesta por la alcaldesa.

Armida Castro denunció violencia política en razón de género, luego de que, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales, Alberto Rentería había asegurado que en Los Cabos la candidatura correspondería a un hombre, haciendo a un lado el derecho que tiene alcaldesa de buscar la reelección.

El Tribunal Estatal Electoral, determinó que Alberto Rentería Santana cometió Violencia Política en Razón de Género en contra de Armida Castro Guzmán, por lo que le impuso una multa de 8,000 pesos; además de que tendrá que ofrecer una disculpa pública donde aclare que en la convocatoria de Morena no se prefiere a un hombre; y se incluirá su nombre en el Registro Nacional de personas sancionadas por violencia política de género.

Betsabé Dulcinea Apodada Ruíz, magistrada presidenta del Tribunal Estatal, aseguró que el resolutivo sienta un precedente fundamental, no sólo en el actual proceso electoral, sino en el ejercicio general de los derechos político electorales de las mujeres en Baja California Sur, por lo que, advirtió, habrá cero tolerancia para aquellas conductas que configuren violencia política contra las mujeres en razón de género.

Destacó que la violencia simbólica es tan grave y peligrosa como la física, verbal y sicológica, porque pretenden perpetuar estereotipos de género y afectan directamente la participación política de las mujeres, al haberse naturalizado y exteriorizado en la cultura.

Uno de los casos que más ha sonado sobre violencia política de género, es el del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

El pasado mes de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el diputado petista cometió violencia política de género contra su compañera la legisladora Adriana Dávila, del Partido Acción Nacional (PAN), a quien ligó -sin pruebas- a los grupos de trata de personas en Tlaxcala.

“Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema [grupos criminales de trata] y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, declaró el diputado del PT.

La legisladora Dávila promovió el 10 de octubre ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de denunciar las manifestaciones realizadas por el diputado, mismo que se reencauzó al INE para su resolución.

El INE resolvió a finales de noviembre de 2020 que Fernández Noroña había cometido dicha infracción. El legislador del PT, partido aliado de Morena, impugnó la resolución del INE el 30 de noviembre y el 4 de diciembre pasados a través de un juicio ciudadano y un recurso de apelación, respectivamente.

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF apercibieron a Fernández Noroña, quien deberá ofrecer una disculpa pública Dávila, tal y como ordenó el INE, y recordaron que de no hacerlo, como ha venido advirtiendo el legislador petista, habrá sanciones.

En caso de incumplir con lo ordenado por la autoridad electoral respecto a las medidas de reparación y restitución, se le impondrán a Fernández Noroña medidas que podrían llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Fernández Noroña reaccionó inmediatamente a la decisión del TEPJF de forma furiosa en redes sociales. “Lo dicho, las llamadas autoridades electorales quieren cerrarme el camino a la reelección”, aseguró el diputado, que buscará mantener su escaño en la Cámara de Diputados por tres años más en las elecciones del próximo 6 de junio de 2021.

“Empieza la campaña de denuesto en mi contra. Buscan a toda costa ponerme el San Benito de violencia de género. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nunca he cometido violencia de género. Las autoridades electorales están actuando de manera facciosa e hipócrita buscando minar mi camino y manchar mi trayectoria. Pero será el pueblo quien decida mi destino”, aseguró.

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