Cuatro años de cárcel para los funcionarios que usen influencias para vacunarse, propone el PAN

Mientras el proceso para la vacunación de los ciudadanos contra COVID-19 continúa en México, han surgido las iniciativas por parte de grupos parlamentarios para evitar el influyentismo. La más reciente provino del Partido Acción Nacional (PAN), el cual propuso castigar hasta con cuatro años de cárcel a los funcionarios que se aprovechen de su puesto para ser inmunizados.

La propuesta fue motivada por la diputada federal del blanquiazul, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, quien presentó una reforma al artículo 215 del Código Penal Federal e imponer sanciones a quienes se beneficien de su cargo para obtener atención médica, vacunas o insumos.

Además del tiempo en prisión, la propuesta de Gómez Cárdenas también implicaría la destitución del funcionario público y su inhabilitación para desempeñar un cargo público hasta por nueve años. Cabe mencionar que esta propuesta se aplicaría si el servidor público da algún tipo de apoyo de esta índole a familiares o conocidos.

De acuerdo con la legisladora, esta propuesta surgió a partir del periodo de emergencia sanitaria que se vive en el país, en cual ha detectado a funcionarios “que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de salud puede tener acceso al antídoto”.

Si bien aceptó que la escasez de vacunas puede ser un factor que promueve la urgencia por romper las normas para acceder a la vacunación, la panista identificó a ese como un factor de peso para reformar el marco legal y proteger a los mexicanos más vulnerables ante la enfermedad.

Sarahí Gómez propuso que este tipo de conductas sean consideradas como un abuso de autoridad y también detalló que las sanciones se duplicarían si se cometen en un periodo de emergencia sanitaria, como el actual.

Este tipo de iniciativas ya han sido motivadas por otros partidos. Morena, por ejemplo, anunció a mediados de enero que procedería de manera interna contra los militantes que se apliquen la vacuna antes de que les corresponda, dijo Mario Delgado, dirigente nacional del partido, quien también destacó que se trataba de una decisión basada en la “solidaridad con el personal médico y los sectores más vulnerables”.

Cabe recordar que ya se han presentado casos de personas que no se encuentran en la primera línea de defensa contra el coronavirus, pero ya han sido inmunizadas. Una de ellas fue Alba Patricia Batani Giles, regidora de Morena en Acapulco, quien presumió haber recibido la dosis.

A través de sus redes sociales, la funcionaria publicó una fotografía donde era vacunada y escribió: “Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital General de El Quemado”. No obstante, Delgado no informó si este caso sería denunciado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también ha criticado fuertemente a este tipo de funcionarios. “Han habido dos, tres casos en donde han abusado, da hasta pena decirlo. Pero tenemos que ir avanzando en dejar atrás esa subcultura del agandalle”, señaló el mandatario.

“En el caso del Estado de México, cuando empezaron las vacunas, lo mismo, un médico llevó a su familia, el gobernador de la entidad escuchó que eso era indebido y se tomó la decisión de separarlo del cargo”, recordó AMLO sobre los primeros días de la vacunación a finales de diciembre de 2020.

Por ello, el presidente ha pedido a los ciudadanos actuar con igualdad, “nada de influyentismo, nada de que: ‘Yo tengo dinero, a mí me toca, a mí me corresponde’”, comentó respecto a varios casos sucedidos en estados como Coahuila y Tabasco.

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