Doce policías fueron arrestados por autoridades mexicanas por su posible participación en el homicidio de 19 personas, entre ellas presuntos migrantes centroamericanos, en una zona del norte del país cercana a la frontera con Estados Unidos, dijeron autoridades.
Las investigaciones de la masacre, ocurrida en enero en el municipio Camargo, en el estado norteño Tamaulipas, mostraron que los efectivos probablemente estuvieron involucrados en el crimen, dijo el martes el fiscal general de esa entidad, Irving Barrios, en una conferencia de prensa.
Un portavoz de la fiscalía estatal dijo a Reuters que más tarde el miércoles los agentes serán llevados ante un juez local por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad documental.
Hasta ahora, han sido identificados dos guatemaltecos y dos mexicanos entre las 19 víctimas, que fueron calcinadas. Barrios dijo en la víspera que en “próximos días” tendrían la identidad del resto.
Familias indígenas del país centroamericano denunciaron que temían que seres queridos que intentaban migrar a Estados Unidos estuvieran entre los muertos.
En un comunicado, el Gobierno de Guatemala manifestó su “rechazo absoluto antes las atrocidades cometidas en la masacre” e informó que trabaja de manera estrecha con las autoridades mexicanas en las investigaciones forenses para identificar a las víctimas.
La matanza ha provocado una renovada consternación en México por los peligros que enfrentan los migrantes, muchos de los cuales provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, en su ruta hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.
En rueda de prensa, la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez, calificó de “gravísimo” lo sucedido. “Estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables”, afirmó.
Sánchez admitió que a veces personal migratorio y policías cometen irregularidades y delitos. “Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración (...) y lo tenemos que reconocer para avanzar”, reveló.
Si se confirma la participación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el caso evocaría el secuestro y aparente masacre en 2014 de 43 estudiantes en la ciudad Iguala, en el suroeste del país, por policías corruptos que colaboraban con una banda de narcotraficantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió al llegar al poder en diciembre de 2018 poner fin a los asesinatos y secuestros cometidos por las autoridades, pero los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado han sido difíciles de eliminar.
Hasta el momento se han enviado 29 muestras genéticas para corroborar la identidad de las personas asesinadas. De ese total, cuatro fueron analizadas para identificar a dos personas de nacionalidad guatemalteca. Mientras se sigue con el análisis de las 25 pruebas restantes para determinar quiénes son las otras 15 víctimas.
“Dentro de las diversas líneas de investigación, cobran relevancia y continúan desarrollándose, la posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y por ende, el tráfico de migrantes; así como, que el día de los hechos, participaron más vehículos en los que, presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a Estados Unidos, tanto de Guatemala como de El Salvador y en uno de los cuales se encontraban sujetos armados que daban protección y seguridad al mencionado grupo”, indicó Irving Barrios Mojica, fiscal de Tamaulipas.
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