El caso Cienfuegos: crónica anunciada de la impunidad en México

El día de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que después de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas, así como las pruebas aportadas por el General Cienfuegos, se concluyó que éste no sostuvo encuentros ni tuvo comunicación con algún grupo delictivo, por lo que, no habiendo pruebas suficientes en su contra, determinó que no podía ejercer acción penal en su contra.

A pesar de lo inverosímil que pueda parecernos la decisión de la FGR, creo que casi todos nos imaginábamos que esto iba a pasar. Excepto a algunos pocos como el Canciller Ebrard, quien dijo que no juzgar a Cienfuegos sería casi un suicidio o como John Ackerman que aseguraba que la detención de Cienfuegos había sido un golpe contundente de la 4T, al resto de nosotros el anuncio nos pareció esperado, pero precipitado y hasta con un tono de burla.

Respecto de la decisión de no perseguir penalmente al General Cienfuegos, tengo varias preguntas que nunca van a tener respuesta, pero que no por ello dejaré de hacer. Por ejemplo: ¿cuáles fueron los elementos que la FGR desestimó de la investigación realizada por los norteamericanos?, la cual—no me cansaré nunca de decirlo — se llevó a cabo por varios años y por agentes que se toman muy en serio su trabajo, siendo desechada de pies a cabeza por la FGR que, desde que se configuró como tal, ha demostrado una y otra vez su ineficiencia, falta de diligencia y desconocimiento técnico pero, sobre todo, su plena e indiscutible obediencia al jefe del ejecutivo. Efectivamente, este órgano fue el que, en menos de dos meses, logró desestimar una investigación que llevó años conformar.

Otra pregunta sería ¿qué pruebas aportó Cienfuegos para refutar las imputaciones de la fiscalía norteamericana? ¿Esas también las hará públicas el gobierno mexicano?

¿Por qué este caso se trató desde el principio por las autoridades mexicanas como un caso eminentemente político? Cienfuegos fue funcionario de la administración de Peña Nieto, administración que la 4T no se ha cansado de tildar de deshonestos, haciendo incluso purga en sus filas de aquellos que trabajaron en esa administración. ¿Por qué proteger a este funcionario? ¿O es que se está protegiendo a la institución consentida del presidente?

¿Qué se comprometió a hacer o dejar de hacer el gobierno mexicano cuando negoció con los americanos el sobreseimiento del asunto de Cienfuegos? ¿Por qué estaban tan seguros el fiscal Barr y la Juez Amon de que las autoridades de uno de los países con mayores índices de impunidad del mundo, investigaría y juzgaría por narcotráfico y corrupción a un ex secretario de estado y miembro del ejercito?

¿Qué estarán pensando los agentes de la DEA que por años hicieron la investigación y que, además, hoy los acusaron de fabricarle un caso al general Cienfuegos? ¿Por qué le fabricarían un caso?

¿Cómo, después de esto, el ejecutivo federal seguirá teniendo las agallas de decir que está luchando contra la corrupción y la impunidad? ¿Cómo es que con este precedente sostendrán su “cartilla moral” y tendrán la osadía de realizar una consulta sobre la investigación de crímenes del pasado contra expresidentes?

Lo que este caso nos deja claro es que hay personas e instituciones intocables, no importa que haya evidencias, llámese expediente, videos o documentos en su contra, porque ni siquiera “escenificarán” una larga investigación, ya que, como lo hemos visto, tienen la desfachatez de simple y sencillamente desestimarlo lo antes posible, a la par de que el pueblo bueno y sabio siga justificando sus obras.

* María de los Ángeles Estrada es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Derecho Internacional por la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de TUFTS, en Massachusetts.