Los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador son un elemento representativo de su gobierno, pues suponen una parte considerable del gasto público detallado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2021).
Este año, se destinará 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto social, lo que representa 24% del gasto total. Se trata de la ocasión en la que se emplearán más recursos que nunca en la última década, pues en 2014, se invirtieron 3.6 puntos del PIB, lo que significaba el 21% del total.
De acuerdo con un estudio elaborado por Viridiana Ríos, analista política y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, para Oxfam México, los programas sociales se han utilizado como una forma “efectiva” para desviar recursos públicos.
Estamos pues, frente a una paradoja. Los malos manejos del presupuesto “parecen” afectar la capacidad de redistribuir el ingreso porque se concentran en los programas y partidas del gobierno que se enfocan en reducir la desigualdad.
“La evidencia es muy clara: se pierde más dinero en los programas con mayor potencial redistributivo, en las regiones más pobres y en las acciones más útiles para combatir la pobreza tales como políticas y servicios de salud, educación y desarrollo”, indica el documento.
Aunado a esto, Ríos explicó que el desvío de recursos públicos también se identificó en gastos relacionados con desarrollo social, así como en ayuntamientos municipales de mayor pobreza.
Entendida como irregularidades en el gasto público, la corrupción tiene efectos negativos en los más vulnerables. Se piensa con frecuencia que dicho comportamiento únicamente ocurre en grandes obras de infraestructura; sin embargo, parece ser sólo un “error de percepción”.
Así pues, señala el análisis, datos de la Auditoría Superior de la Federación indican que sólo el 14% del dinero que no se ha podido aclarar está asociado a infraestructura, mientras que el gasto en desarrollo social representa el 53 por ciento.
De un total de 492,000 millones de pesos que no se han podido comprobar desde el año 2000, la investigación arrojó que 132,000 millones de pesos se concentran en programas y partidas que tienen mayor potencial de mejorar la distribución del ingreso, 263,000 millones de pesos en gastos relacionados con el desarrollo social y 4,000 millones de pesos en municipios con mayor pobreza.
Con el ejercicio del año entrante, el gobierno federal distribuirá 303,982.9 millones de pesos a 11% de los programas estrella del presidente López Obrador, entre los que se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Sin embargo, el 2020 dejó a su paso inestabilidad en los sectores económico y social de distintos países del mundo. Las medidas de confinamiento implementadas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 dejaron a millones de personas sin trabajo, acentuando así las condiciones de pobreza en las que vive gran parte de la población.
A pesar de este periodo de turbulencia económica, las finanzas públicas mexicanas se encuentran fortalecidas gracias a la recaudación de impuestos lograda.
De acuerdo con un informe de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los tres principales ingresos tributarios, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), mostraron crecimientos reales anuales en noviembre: 5.7, 14.7 y 1.4%, respectivamente.
Por su parte, Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, consideró que el combate a la evasión y elusión de impuestos es un esfuerzo destacable del gobierno de López Obrador.
“El espíritu de querer fortalecer la capacidad recaudatoria, el Gobierno federal me parece que tiene claramente una misión que cumplir en eso y creo que estar pensando cómo atacar la recaudación fiscal y cómo fortalecer esa capacidad de ingresar recursos a las arcas es algo bueno, aunque sí creo que no necesariamente se ha hecho de la manera correcta”, explicó la especialista a El Financiero.
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