México quiere restringir las actividades de los agentes extranjeros después de que el arresto de un exalto general en Los Ángeles provocó tensión diplomática con Estados Unidos. Las medidas propuestas pueden poner en riesgo las operaciones de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) con informantes mexicanos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió un proyecto de ley a los senadores para modificar la ley de seguridad nacional para ayudar a regular la presencia de agentes extranjeros en México para que actúen en el marco de la cooperación bilateral, dijo en Twitter Ricardo Monreal, líder del partido de López Obrador en el Senado.
Según un resumen publicado en el sitio web personal de Monreal, la propuesta tiene como objetivo regular las actividades de las autoridades extranjeras en México. Limitaría a los agentes extranjeros a actividades de enlace para intercambiar información con las autoridades mexicanas. Los agentes extranjeros no tendrían inmunidad por delitos o por sobrepasar los límites de su autoridad.
La iniciativa regularía una queja de larga data sobre la presencia y participación de agentes extranjeros en México, dijo Monreal en su cuenta oficial de Twitter.
También forzaría a los agentes a entregar al Gobierno cualquier información que recopilen y a elaborar un informe mensual sobre sus actividades. De igual forma, requeriría que las autoridades locales mexicanas o los empleados federales informen al Gobierno sobre cualquier reunión o llamada telefónica con agentes extranjeros.
“El reclutamiento de informantes puede detenerse por completo, lo que sería más perjudicial para México que para EE.UU.”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, en una entrevista. “Tenemos una gran plataforma de informantes en México. Muchas veces salimos a operaciones con funcionarios del Gobierno mexicano. No hacemos el arresto, trabajamos encubiertos en coordinación y bajo la protección de las fuerzas de seguridad. Todo eso se detendría”.
El Gobierno de López Obrador fue tomado por sorpresa cuando un exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, fue arrestado en Estados Unidos por cargos que incluían tráfico de drogas y lavado de dinero. El canciller, Marcelo Ebrard, dijo que EE.UU. violó un pacto de 1992 que requería que se notificara a México sobre la investigación, y por eso la nación amenazó con suspender la cooperación con EE.UU.
EE.UU. más tarde desestimó su caso contra Cienfuegos, lo que le permitió regresar a su país de origen. Los fiscales dijeron en una presentación judicial que consideraciones de política exterior sensibles e importantes superaban el interés del Gobierno en perseguir el procesamiento.
La enmienda propuesta tiene “implicaciones para la seguridad nacional, ante el riesgo de violaciones de la soberanía y el orden constitucional”, según su sitio web.
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