Salvatierra, un pequeño enclave en la zona de Guanajuato (centro de México), vive desde hace años una guerra entre cárteles. La región, dominada actualmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), perteneció a las huestes de José Antonio Yépez, el “Marro” —preso en el penal del Altiplano— y la organización que fundó, Santa Rosa de Lima, por espacios de tiempo relativamente largos y con breves interrupciones.
Como es sabido, antes de la disputa entre ambas organizaciones, el “Marro” controlaba la mayoría de los negocios ilegales en la entidad del Bajío, en Salvatierra, lo hizo estableciendo relaciones con el gobierno municipal. De acuerdo con el analista y experto en seguridad David Saucedo, en una columna de opinión del medio Portal Bajío, especificó que a través de intimidaciones, amenazas y sobornos, las policías regionales accedieron a trabajar para el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
Como toda organización criminal, el CSRL requirió para sus actividades centros logísticos que almacenaran la droga y el huachicol (combustible robado), casas de seguridad de los sicarios, vehículos, armas narco laboratorios y fosas clandestinas.
Al paso de una guerra incesante con su rival Cártel Jalisco Nueva Generación, el “Marro” se enfrentó al dilema del procesamiento de cadáveres, de ahí su necesidad de establecer un cementerio clandestino.
De acuerdo con Saucedo, los habitantes de Salvatierra muchas veces pidieron ayuda, pero las autoridades municipales nunca intervinieron, no por incompetencia, sino por complicidad.
“Los narcocementerios no suelen estar en lugares apartados o inaccesibles. Suelen estar dentro de zonas urbanas o en sus inmediaciones debido a que pueden vigilarlos y acceder a ellos con facilidad. Pero sobre todo a que pueden montar una red de halconeo y vigilancia para poder realizar la tortura y ejecución de sus víctimas sin ser molestados. Las policías municipales de Salvatierra conformaron anillos de protección de sus respectivos narcocementerios. Por eso nunca se ‘dieron cuenta’ a pesar de tenerlos debajo de sus narices. En realidad, los estaban cuidando”, describe Saucedo.
El último conteo de cadáveres en Salvatierra es de 76 personas sepultadas de manera clandestina.
En el municipio de Cortazar — a 33 kilómetros de Salvatierra— los cadáveres recientemente encontrados por las autoridades, corresponden con el lapso de tiempo en el que el Cártel de Santa Rosa de Lima comenzó a figurar en el hampa.
En la región, contrario a Salvatierra, el dominio de las células del “Marro” se mantiene, a pesar de detenciones sumarias que se realizaron a principios de año.
Saucedo advierte que el portafolio de víctimas de la organización criminal local es mixta. “Hay civiles inocentes (comerciantes extorsionados e hijos de profesionistas secuestrados con fines económicos, propietarios asesinados, jóvenes y mujeres) e integrantes de bandas rivales en sus narcofosas. En general en las narcofosas del CJNG suele haber solo combatientes propios o del enemigo”.
En ambos municipios y en los circundantes, la violencia es de nivel medio, por lo que el Cártel de Santa Rosa de Lima solo necesitó narcocementerios “pequeños” en dichas regiones, no así en Irapuato, Celaya o Salamanca, en donde el número de homicidios dolosos lleva tres años consecutivos rompiendo récords, hay narcocementerios que sin ninguna duda superarán el centenar de muertos en cada uno.
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