
Durante la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el ejército ha ganado un protagonismo de suma relevancia y es que la institución liderada por el general Luis Cresencio Sandoval, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se le han encomendado al menos 15 tareas que podrían considerarse prioritarias.
Si bien durante su campaña presidencial, López Obrador aseguró que el ejército regresaría a los cuarteles, esto no ha sucedido, pues el mandatario ha decidido apoyarse de esta institución para ciertas labores que él ha considerado fundamentales en su proyecto de gobierno.
Las megaobras de infraestructura, como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, dos tramos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, están bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Aunque estas no son las únicas labores de construcción que estarán a su cargo, pues también construirán el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el cual se ubicará en lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Este sitio será de suma relevancia, pues la superficie que se busca rescatar es 15 veces más grande que la que conforma el Bosque de Chapultepec, por lo que se trata de un área que equivale al 11% de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Entre los beneficios que el gobierno federal espera obtener a través de este proyecto es abrir el espacio al uso público, aminorar los riesgos de salud, introducir infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva en beneficio de zonas vecinas y promover uso de energías renovables.
Por otra parte, durante los casi dos años de gobierno de López Obrador, el ejército también se ha encargado de otras labores, como la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, la remodelación de 32 hospitales que quedaron inconclusos en sexenios pasados, así como la atención de la pandemia de COVID-19.
Asimismo, el ejército también ha sido medular en la estrategia del gobierno federal en contra del robo de combustible de Pemex, para custodiar pipas, así como en otras labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, determinación que ha sido muy criticada por sectores de la sociedad civil, los cuales lo han visto como una traición a sus votantes.
En un mensaje del 22 de marzo del 2017, el ahora presidente de México dijo: “No vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no vamos a reprimir al pueblo con el Ejército, no es para eso. Vamos a atender el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, esa es la forma más humana, eficaz, no como lo han venido haciendo, que además no ha dado resultado”.

Al respecto, una de las posturas más relevantes ha sido la del colectivo Seguridad Sin Guerra, el cual ha señalado que la decisión presidencial “no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas; y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil, como lo exige la constitución”.
En este periodo, el ejército también se ha ocupado de la vigilancia en las fronteras para mitigar la migración hacia Estados Unidos, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, el apoyo y vigilancia de la entrega de programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la capacitación de algunas corporaciones policiacas.
En fechas recientes, a causa de las inundaciones en el sureste del país, el ejército también se ha hecho cargo del acopio y distribución de la ayuda para los miles de damnificados. Esta determinación la tomó el presidente con el objetivo de que los víveres llegaran a las familias sin intermediarios, además de que las ayudas no se desviaran.
Cabe mencionar que en este sentido, el mandatario mexicano, ha tenido que viajar acompañado de elementos del ejército en las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, con el fin de supervisar las zonas afectadas por las lluvias.
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