Senadores mexicanos, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, con el fin de pedir información a las autoridades de su país en torno a cómo se llevó a cabo su trabajo de investigación en el territorio nacional, el cual terminó en la detención de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional.
La razón por la cual se envió esta misiva, con fecha del 4 de noviembre, es que el Senado tiene el objetivo de conocer “la versión oficial de los hechos”, pues la aprehensión del ex funcionario “es un hecho que puede tener repercusiones en la seguridad nacional”.
Por ello, pidió que se informara acerca de los delitos que se le acusa, desde cuándo habían iniciado una investigación en México, los datos de prueba con los que cuentan para acusarlo y a través de qué medios obtuvieron información que sustentó la pesquisa.
Además, pidieron conocer la agencia que lo investigó en México, la calidad de los testigos, es decir, si son protegidos, colaboradores, de oídas o presencias, así como la institución judicial que lleva el caso y los pasos que siguen en el proceso.
Asimismo, solicitaron detalles en torno a las razones para no informar acerca de la posible detención a las autoridades mexicanas, cuando se trató de un tema de suma importancia.
En este sentido, los senadores expusieron que es necesario para ellos “disponer de información veraz y emitida por las autoridades competentes” e incluso invocaron el cumplimiento de un Tratado de Asistencia Jurídica entre ambos países, así como un informe de entendimiento entre las agencias de investigación en materia de procuración de justicia y seguridad.
El documento cuenta con la firma de los senadores que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, así como de los coordinadores de los partidos en el senado, entre los que destacan Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Manuel Velasco Coello, del PVEM; y Miguel Ángel Mancera, del PRD.
Cabe mencionar que a finales de octubre, Landau dijo saber de las acusaciones por narcotráfico en contra del general Cienfuegos Zepeda desde el 16 de agosto de 2019; no obstante, no podía revelarlas por la confidencialidad del Gran Jurado.
Este 5 de noviembre, Salvador Cienfuegos Zepeda se declaró no culpable de los tres cargos por narcotráfico y uno de lavado de dinero que le son imputados en una corte de Nueva York. Con esta acción, el ex funcionario desafió al gobierno estadounidense para que le sean probadas las acusaciones.
En medio de una audiencia accidentada que fue aplazada, el general en retiro rechazó los cuatro delitos que pesan en su contra. Ante el juez federal Steven M. Gold de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Cienfuegos estuvo representado por sus abogados Edward Sapone y Michael Vitaliano.
De acuerdo con la revista Proceso, el juez leyó a Cienfuegos los tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir drogas, además de un cargo por lavado de dinero. También le fue cuestionado si entendía las imputaciones y si conocía sus derechos, a lo que respondió afirmativamente.
“No culpable, su señoría”, fue la respuesta del ex jefe del Ejército y sus abogados, luego de que el juez Gold le preguntara su posición y le expusiera las acusaciones.
Previamente, la defensa de Cienfuegos había pedido un aplazamiento de la audiencia de imputación, pero esta petición fue negada debido a la dificultad de programar las comparecencias por llamadas desde la cárcel.
La posición del general no es sorpresiva, pues en su audiencia del pasado 20 de octubre, su entonces abogado, Duane R. Lyons, afirmó que Cienfuegos pretendía limpiar su nombre, así como combatir con vigor los cargos que le fueron fincados.
De manera formal, será hasta el 18 de noviembre cuando dé inicio el juicio de Cienfuegos Zepeda, luego de que su defensa planteara que comenzara hasta entonces el periodo de 70 días con que cuenta la fiscalía para reunir las pruebas contra el general en retiro.
Por lo pronto, el acusado permanecerá en prisión preventiva, aunque su defensa planteó la revisión de un derecho a fianza en otro momento, pues la Fiscalía solicitó al juez que esta posibilidad también fuera negada.
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