En el evento conmemorativo de “67 Aniversario del voto de las mujeres en México” organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, quien afirmó que la violencia es la forma más visible de discriminación que sufren las mujeres que aspiran a cargos públicos y quienes ya ejercen se enfrentan cotidianamente a la discriminación estructural.
Recalcó que el Estado tiene la obligación de actuar a favor de las mujeres como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que es inadmisible de que exista la discriminación y la violencia institucional en estos espacios.
“No podemos ignorar que parte de la violencia y discriminación se practica también limitando la posibilidad de ejercer el voto activo, lo que suprime la posibilidad de construir una idea o toma de posición sobre una preferencia electoral”, precisó.
Subrayó que se trata de una deuda del Estado con las mujeres de discriminación institucional. Agregó que en los cargos públicos tampoco han tenido una respuesta favorable a favor de las mujeres durante la pandemia, pues es un desafío la carga de trabajo adicional al trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres.
La diputada Sauri Riancho comentó que es importante que no solo las leyes y las normas se respeten, también se debe prestar importancia a la forma en como estas se interpretan o las ignoran cuando se diseñan, se ejecutan las políticas públicas y la forma en la que se fijan las prioridades del gasto público.
“Aquí mismo, en la Cámara de las Diputadas y los Diputados, son las mujeres quienes se han ocupado principalmente de estos desafíos como ocurre en la mayor parte de los países; por ello, se vuelve imprescindible apuntalar nuestra democracia efectiva y el desarrollo sostenible con los liderazgos de las mujeres en el ámbito político”, agregó la diputada sobre los cargos de las mujeres
Mencionó que en el ejercicio de los derechos políticos se requiere de liderazgos femeninos en los procesos de elección popular, pero también en el desempeño de los cargos públicos. “La tarea no es sencilla porque impone progresividad, pero también un sentido de urgencia en la eliminación de los obstáculos que enfrentan la mayoría de las mujeres”, afirmó.
Actualmente existe una Legislatura de la Paridad que se ha empeñado en tener en el centro de su agenda a la igualdad sustantiva, debido a que la garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está vinculada directamente con la igualdad de género.
“Que la conmemoración del 67 aniversario del sufragio femenino sea ocasión para reafirmar la voluntad para seguir desmontando obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y oportunidad de representar nuestro compromiso hacia la igualdad sustantiva”, señaló la diputada.
Durante el evento se habló sobre la iniciativa 3 de 3 contra la violencia por parte del Instituto Nacional Electoral, cuyo propósito es contribuir a garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito político. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumió el compromiso para garantizar los derechos políticos de las mujeres, con una medida adoptada para la conformación de un registro nacional de personas que han ejercido violencia política en razón de género.
"Estamos frente a una cultura que ha naturalizado la violencia. Ahora, se trata de impedir que quienes aspiran a un cargo público por asignación o designación, y tengan antecedentes, denuncias o sentencias puedan continuar provocando violencia en las contiendas electorales o en el desempeño de su cargo”, expresó.
La diputada insistió que se trata de una iniciativa de garantía de no repetición y de prevención, sobre el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y el compromiso de las instituciones del Estado para protegerlos y avalar la interdependencia con otros derechos humanos.
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