Aquella noche del 9 de febrero del 2017, fue abatido Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, quien había asumido el liderazgo del Cártel de los Beltrán Leyva desde 2014. Un helicóptero Black Hawk ametralló una vivienda de la colonia Lindavista, en la periferia de Tepic, Nayarit. Además de él, otros siete murieron en esa casa.
La aeronave de la Marina disparaba 500 balas por segundo luego de que la operación Barcina ubicó al H-2 en aquella zona. Fue entre las 21:30 horas que el cuerpo élite arribó a la colonia Lindavista, previos trabajos de inteligencia. Llegaron por tierra al domicilio, pero hombres armados los recibieron con disparos desde la azotea.
En respuesta, el Balck Hawk abrió paso con ráfagas de calibre 50. Los videos circularon en redes y se daba cuenta del poder artillado. Un ataque brutal.
Luego de este evento, esa misma noche ocurrió una segunda agresión en las inmediaciones del aeropuerto de Tepic, durante un recorrido de vigilancia, los agentes castrenses fueron atacados y, al repeler la agresión, otros cuatro integrantes del grupo del H-2 resultaron muertos. El saldo final fue de 11 abatidos.
Patrón Sánchez fue responsabilizado del ataque a un convoy militar donde murieron cinco soldados y otros diez resultaron heridos. Esto sucedió en Culiacán, Sinaloa, cuando los agentes escoltaban una ambulancia que trasladaba a Julio Óscar Ortiz, El Kevin. Desde entonces, el H-2 se volvió un objetivo prioritario del gobierno.
En su momento, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de Movimiento de Regeneración Nacional, acusó que se había tratado de una masacre y hubo un uso excesivo de la fuerza. A decir de AMLO, hubo niños entre las víctimas.
El H-2 perteneció al Cártel de Sinaloa, pero en 2008 decidió unirse al grupo de Isidro Meza, el Chapo Isidro, quien colaboraba con los hermanos Beltrán Leyva: Arturo, Héctor, Esaú y Carlos.
Después de que Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, fuera abatido por la Marina en Cuernavaca en 2009, hubo una persecución contra el cártel al que pertenecía. Aquel mes de diciembre en que cayó el Barbas también fue detenido Carlos Beltrán en Culiacán. Luego siguió uno de sus principales operadores, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; para 2010 fue arrestado Sergio Barragán Villarreal, El Grande; y finalmente, en octubre del 2014, las autoridades aprehendieron a Héctor Beltrán en Guanajuato.
Fue entonces cuando el H-2 asumió el liderazgo de la organización Beltrán-Leyva, pero como un remanente, pues el grupo ya había perdido a sus cabecillas. Era buscado por su presunta responsabilidad en más de 150 muertes en Mazatlán, Sinaloa.
Precisamente en ese estado inició una disputa del territorio junto al Chapo Isidro junto con Alfredo Beltrán Salazar, El Mochomito quien, según versiones extraoficiales lo señalaban de haber mandado secuestrar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, en Puerto Vallarta, Jalisco en agosto del 2017. Los vástagos del capo habrían sido liberados por la intervención del otro dirigente del Cártel de Sinaloa, Ismael, el Mayo Zambada.
Ahora, el gobierno norteamericano acusa a Salvador Cienfuegos Zepeda, quien estuvo al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (2012-2018), de haber favorecido al grupo del H-2. Presuntamente, el mando castrense ayudó a que la organización criminal se expandiera de Mazatlán al resto de Sinaloa.
Según el expediente No. 19-366 (CBA)(E.D.N.Y), el general en retiro pactó no realizar operaciones en contra del grupo que encabezaba Patrón Sánchez; perjudicar a grupos rivales; localizar transporte marítimo para el tráfico de drogas: presentar a líderes de la organización H-2 con otros funcionarios corruptos para colaborar a cambio de sobornos; así como advertirles sobre investigaciones del gobierno estadounidense.
Las evidencias anteriores fueron obtenidas por la intercepción de miles de mensajes de un teléfono Blackberry que revelaron las operaciones del ex jefe del ejército a cambio de sobornos.
Cienfuegos Zepeda fue detenido la noche de este jueves 15 de octubre en el aeropuerto de California, EEUU, cuando arribó junto con su familia. La orden de arresto fue girada por la Jueza Magistrada Vera M. Scanlon desde el 14 de agosto del 2019. Esto habría sido por instrucciones de la Administración de Control de Drogas. Se le imputan tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir drogas, además de un cargo por lavado de dinero.
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