Tras una reunión en Aguascalientes, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista determinaron iniciar un proceso jurídico en contra de la extinción de 109 fideicomisos, por medio de que cada quien interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como que impulse amparos masivos en contra de esta determinación.
Los mandatarios locales acusaron al gobierno federal de querer reunir el dinero correspondiente a los fideicomisos, mismo que usaría a su favor en los comicios electorales del próximo año. Es por ello que presentarán las controversias constitucionales en un plazo máximo de dos semanas.
“Vamos a combatir la concentración que está intentando hacer el gobierno federal de 68,000 millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en producto o aprovechamiento, lo cual significa que ese dinero se convierte en recurso excedente, es decir, que con ellos puedes hacer lo que quieras”, comentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
El mandatario jalisciense también pidió al Senado que el tema se discuta como parlamento abierto, mientras que Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, resaltó que el gobierno federal busca “agandallarse” el dinero de estos fondos a partir de argumentos “burdos” basados en el combate a la corrupción.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua y quien en las últimas semanas ha mantenido confrontaciones con el presidente López Obrado por el conflicto del agua en su estado, mencionó que el gobierno federal busca “generar una discrecionalidad política para manejar estos recursos hacia un año evidentemente electoral, que es el 2021”.
Otros integrantes de la Alianza Federalista, como Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, señalaron que no existe una definición clara respecto al destino de los recursos. Por su parte, Silvano Aureoles, de Michoacán, destacó que por ley, los bancos no pueden entregar los fondos al gobierno federal.
También indicó que los gobernadores “vamos a actuar en consecuencia, si permiten que en esta lógica centralista, abusiva, discrecional el gobierno centre ese recurso, que son casi 70,000 millones de pesos, irán a parar a los fondos de Hacienda para destinarlo a lo que quieran”.
El gobernador Martín Orozco, anfitrión de la reunión, resaltó la importancia del equilibrio de poderes y el hecho de que en el Senado quedan “muchas cosas por hacer”. En este sentido, cabe decir que durante la reunión también estuvo presente la senadora Claudia Ruiz Massieu y el diputado federal Marco Antonio Adame, quienes ayudarán a impulsar una acción de inconstitucionalidad.
Finalmente, los gobernadores detallaron que asesorarán a los beneficiarios de los fideicomisos que se verán afectados, con el fin de que estos tengan la posibilidad de interponer amparos masivos, así como iniciar con un movimiento de sensibilización de todos los actores políticos en un plazo máximo de dos semanas.
Por su parte, la postura del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCO), Arturo Herrera, es que la desaparición de los fideicomisos no afectará a los beneficiarios, pues estos continuarán entregándose.
“Ha habido una discusión muy álgida sobre el financiamiento de programas importantes para el país, como educación, cultura, ciencia y salud. Insisto que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas”, aseguró en un video publicado en redes sociales.
“Sin embargo, la preocupación es legítima y requiere de una explicación adecuada”, añadió el funcionario. A continuación, el titular de Hacienda detalló primero que, cuando se ejecuta el gasto en un gobierno, existen dos mecanismos: el presupuesto y los fideicomisos.
El primero tiene un proceso de tres tiempos: la dependencia en cuestión, cualquiera de ellas, manda una orden de pago a un proveedor. Esta orden llega a la Tesofe (Tesorería de la Federación) y este recurso es depositado inmediatamente en el beneficiario.
En cambio, un fideicomiso contiene un paso más. Después de que el dinero de la Tesofe es depositado en el fideicomiso, el recurso se queda en este mecanismo hasta que se hace el pago. Sin embargo, el uso de esta vía es marginal comparado con la del presupuesto.
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