Jorge Eduardo “N”, ex director general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, fue detenido por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).
Las autoridades de la Ciudad de México lo consideraron como presunto responsable de una supuesta contratación indebida de empresas privadas y pago de sobreprecio, para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo detuvieron en el municipio de Corregidora, en el estado de Quéretaro.
El ex funcionario participó como colaborador de Édgar Tungüí Rodríguez, comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, quien fue nombrado por el ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera tras el terremoto.
Jorge Eduardo y otros dos funcionarios otorgaron contratos por 12 millones 151 mil 339.21 pesos y 3 millones 869 mil 996.90 pesos, a las empresas (REM) Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. y a la Constructora Vallento S.A. de C.V, respectivamente.
La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo hace algunos meses que la Interpol emitió la ficha roja para buscar en el extranjero al ex secretario de Obras y Servicios y ex comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, así como al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, por el desvió de recursos para la reconstrucción.
En noviembre del año pasado, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró irregularidades en los gastos realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en materia de reconstrucción en la Ciudad de México a los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre.
Estas seis entregas en total sumaron 1.970,6 millones de pesos, que fueron dados a ciudadanos que no acreditaron que necesitaban el dinero por daños a su propiedad. Además, recibieron incremento de 35% al apoyo, según la ASCM.
“La Seduvi contó con la autorización de su titular para ejercer los recursos del rubro en revisión; que las ayudas se sujetaron a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad; sin embargo, (...) la dependencia tramitó y entregó ayudas económicas a seis personas que no cumplieron la totalidad de los requisitos para su asignación, lo que derivó en el otorgamiento de un incremento de hasta 35 por ciento de potencial constructivo”, dictó la Auditoría.
El organismo también indicó que hubo 12 beneficiarios que la Seduvi no vigiló para comprobar que aplicaron los recursos que se les dieron. La suma del dinero no comprobado asciendió a más de 14 millones de pesos.
La ASCM consideró que la Seduvi recayó en prácticas ilegales “no realizaron sus actuaciones en apego a la legalidad, pues con los resultados obtenidos en los momentos contables del gasto comprometido y devengado, se observó que las operaciones no estuvieron documentadas o autorizadas”, anotó la institución en el informe entregado al Congreso el jueves 31 de noviembre.
En su momento, Felipe de Jesús Gutiérrez, Edgar Tungüí y Ricardo Becerra fueron señalados por uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por agravio a la hacienda pública por daño con valor de 48 millones de pesos.
Al primero también se le busca en Hidalgo y el Estado de México.
Becerra, ex Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, negó las versiones que aseguran pesa sobre él una ficha roja de Interpol y se dijo “completamente localizable”.
“No estoy siendo investigado ni lo he estado en el pasado”, expresó en comunicado dirigido a Infobae México.
"Jamás he sido acusado de uso ilegal de atribuciones, ni facultades ni de causar daño a la hacienda pública. Al contrario: fui yo quien denuncié anomalías y actos de corrupción en su momento. De hecho, por eso renuncié al cargo.
Por lo tanto no tengo ‘ficha en la Interpol’ y estoy perfectamente localizable en la Ciudad de México donde trabajo y escribo", concluyó.
En total, en la Ciudad de México 5.765 viviendas resultaron dañadas. De ellas, 2.723 fueron pérdidas totales y el resto sufrieron estragos parciales.
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