Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México (2012-2018), incurrió en presuntos actos de espionaje a ciudadanos y políticos, donde sobresale Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 22 de septiembre, el abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) estableció una red de espionaje dentro de un edificio ubicado en Manuel Márquez Sterling número 15, donde 30 funcionarios tuvieron acceso a “miles de minutos de conversaciones telefónicas, elaboraron estudios de seguimiento y supuestos planes de seguridad”.
La pieza titulada “Los espías del gobierno de Mancera: un edificio en el centro de Ciudad de México para vigilar a políticos, funcionarios y ciudadanos”, dice que estas instalaciones, a parte del personal, contaba con 42 computadoras, 12 motocicletas, 10 automóviles y drones, indumentaria y salarios que fueron pagados con dinero obtenido del presupuesto local.
Parte de las actividades que se llevaban a cabo era la de intervenir las comunicaciones telefónicas de la actual jefa de gobierno y del actual presidente de México.
Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) integró una carpeta de investigación con un análisis forense informático hecho a los equipos electrónicos, en los cuales encontraron que de entre 2016 a 2018 existen “miles de minutos de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram, decenas de sábanas de llamadas y el seguimiento de 119 políticos, académicos y funcionarios públicos como la senadora Patricia Mercado —entonces secretaria de Gobierno— o el también senador y ex delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal”.
En referencia al texto publicado por MCCI, Mancera Espinosa estableció esta red de vigilancia extrajudicial casi a un año de iniciar su gobierno en la capital nacional y lo desmanteló meses antes de que la doctora Sheinbaum Pardo tomara protesta.
De acuerdo con la fiscalía local, la persona a cargo de estas instalaciones en el primer cuadro de la ciudad era el integrante de la Policía de Investigación (PDI) Gustavo Caballero. “Caballero, ingeniero en computación, había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la PGJDF”, señala la investigación de Íñigo Arredondo y Valeria Durán.
De entre las funciones del personal de esas oficinas estaba escuchar las llamadas telefónicas, estar al pendiente de las ubicaciones y estableció supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno local de ese sexenio. Asimismo, conforme a lo investigado por la FGJ-CDMX, dichas oficinas no tenían registro de egresos ante la tesorería.
Los registros oficiales del entonces Distrito Federal, Caballero era Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización de la PGJDF; no obstante, fuentes consultadas por Arredondo y Durán aseguran que nunca se reportaba a la procuraduría, sino con Héctor Serrano Cortés, titular de la Secretaría de Gobierno de Mancera Espinosa y actual diputado federal en el Palacio de San Lázaro.
Esta pieza periodística también indica que para cubrir su rastro, los funcionarios involucrados borraron todo rastro vinculatorio a proceso que tenga que ver con esta casa de espionaje; sin embargo, un análisis forense informático pudo determinar algunas acciones que indicaron este intento de borrar rastro.
“El análisis forense informático indica que, durante las semanas previas a las elecciones de julio de 2018 hasta el 5 de diciembre, los operarios de Sterling se encargaron de eliminar miles de archivos de las 42 computadoras, así como de sacar 23 laptop HP del edificio. Por ejemplo, horas después de la toma de posesión del gobierno de Claudia Sheinbaum se borraron 365 mil archivos”, indica el texto.
Con la llegada de la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tanto a la república como a la CDMX, la nueva fiscalía capitalina recibió una denuncia en la que se estaba desmantelando unas instalaciones en la dirección señalada previamente.
“Se veían unas instalaciones con mucho cableado de video y de cómputo sin equipos. De hecho, algunos pisos estaban ya prácticamente deshabitados. Había una o dos computadoras, que eran la parte de la Secretaría de Gobierno, porque el edificio lo compartían tanto la Fiscalía como la Secretaría de Gobierno”, explicó uno de los agentes que atendieron el operativo, según MCCI.
Finalmente, para realizar el análisis informático Ernestina Godoy, fiscal capitalina, solicitó apoyo federal, pues desconfiaba de su propia policía cibernética.
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