La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 1,702 sanciones del 1 de septiembre al 1 de junio a 1,458 funcionarios, de las cuales 97 fueron económicas que significaron un total de 367.2 millones de pesos.
De las cuales 76 corresponden al 2019, por un monto de 172.1 millones de pesos y son 21 las que se han aplicado hasta junio del presente año, por un monto de 195.1 millones de pesos, de acuerdo con información del Segundo Informe de Gobierno.
Aunque sólo se toma en cuenta seis meses del presente año, la cifra ha incrementado 13% en relación con la reportada el año pasado.
Cabe señalar que las sanciones económica impuestas bajo las administración de Andrés Manuel López Obrador superan los que se ha impuesto en años anteriores, se incluyen las cifras hasta el 2000, lo cual implica hasta la administración de Vicente Fox.
Hasta ahora la cifra récord, es lo que se ha registrado en las sanciones impuestas en los seis meses del 2020 (21 sanciones), después están las multas económicas del 2004 y 2011, por más de 7.3 millones de pesos y fueron más de 1,000 sanciones las que se impusieron
Mientras que la cifra más baja se reportó fue en el 2008, en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con 966,417 pesos, con 622 sanciones.
Cabe señalar que en los dos años de la administración de López Obrador se registra el menor número de sanciones, pero el monto es el más alto. Mientras que en número de multas, el mayor número se aplicó en el 2014, con un total de 3,093.
De manera general, el actual gobierno es el que menos sanciones reporta a servidores públicos, en comparación con las tres administraciones anteriores.
En 18 meses reporta 1,702 sanciones, lo cual significa 10% de las que se aplicaron en el 2014. Los rubros con mayor incidencia fueron negligencia administrativa y declaración patrimonial.
Cabe señalar que el origen de las sanciones son quejas o denuncias ciudadanas y el segundo rubro refiere a la declaraciones patrimoniale.
En el documento también se menciona, que dentro de las sanciones impuestas está la sanción impuesta a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual declaró válida el Tribunal Federal de Justicia Admirativa la resolución en relación con la inhabilitación para desempeñar algún cargo o comisiones en el servicio público por una década, lo anterior es consecuencia a la falta de veracidad en sus declaraciones sobre su situación patrimonial.
Por otra parte, se redujeron las sanciones consecuencia de las auditorías, en el 2018 se registraron 706 y para el 2019 fueron 2 y para el 2020 no hay ninguna.
Mientras que en rubro de investigación interna se registraron cero sanciones del 2013 al 2018 y para el 2019 se reportaron 49. En la administración de Enrique Peña no se sancionó a nadie por dicho motivo.
Se han destituido a 63 servidores públicos e inhabilitado a 603 personas. Mientras que 2000 fueron destituidas 957 individuos.
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