
Roberto Andrés Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó su renuncia al cargo este lunes por razones personales. Es un área de la cual dependen las 32 delegaciones de la institución en México.
De manera irrevocable, la decisión tomará efecto el próximo 1 de septiembre. En un documento dirigido al fiscal y titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, señaló que considera “muy importante manifestar que he tomado esta decisión por razones estrictamente personales”.
El subprocurador Ochoa Romero agradeció la oportunidad de pertenecer al “gran equipo de trabajo” de la Fiscalía durante 20 meses y pidió a Gertz Manero que le instruyera quién será su sucesor en el cargo. “Mucho le agradeceré se sirva instruir el nombre de la persona con quien habré de celebrar el acto administrativo de entrega-recepción”, dijo.

“Quiero hacerle patente mi reconocimiento sincero, tanto en lo institucional como en lo profesional, por las acciones que está llevando a cabo para mejorar el servicio público de procuración de justicia penal federal en todo el país. Enhorabuena”, escribió en su carta dirigida al fiscal, realizada el 24 de agosto y fechada por el órgano interno de control de la FGR un día después.
Ochoa Romero era el único alto funcionario que continuaba, desde el sexenio pasado, en el mismo cargo. El 16 de enero de 2018, el entonces encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, lo nombró como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en España.

Ha desempeñado diversos cargos públicos y también es el autor y coautor de libros y artículos sobre Derecho Penal y Procesal Penal. Destaca como subdelegado de Procedimientos Penales de la extinta PGR y asesor del subprocurador de Procedimientos penales “C” de la misma dependencia.
Además, fue fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, para después convertirse en el coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
Trabajó como titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en el gobierno federal; ha sido investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Escuela Libre de Derecho.

Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió en las últimas horas de este miércoles una petición formal al Senado para que este reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, lo que facilitará que este organismo investigue casos en el país.
“El presidente López Obrador cumple su compromiso. México reconoce la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU”, dijo este miércoles en Twitter el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
El funcionario adjuntó el documento oficial enviado al Senado:
“Se somete a la aprobación de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción”, se lee en el documento.
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