
El Poder Judicial suspendió al secretario de un Juzgado federal en el estado de Chiapas por posiblemente haber descuidado el desempeño de sus funciones, después de que otorgara un amparo esta semana al empresario Alonso Ancira por un supuesto caso de corrupción con el que también está relacionado Emilio Lozoya.
“El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió suspender por seis meses al secretario en funciones del Juzgado Tercero de Distrito en Chiapas”, que se encontraba de vacaciones, indicaron en un comunicado este jueves. Se trata del licenciado Amós José Olivera Sánchez.
El funcionario estaba encargado del despacho por vacaciones del juez titular, y fue el encargado de tramitar el pedido de amparo por la defensa de Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y en prisión domiciliaria en España.
La suspensión por medio año se dio con el fin de iniciar una investigación por la “probable responsabilidad de haber descuidado el desempeño de sus funciones”, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, detallaron.

El secretario en funciones decretó, por prescripción, la extinción de la acción penal por la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó en mayo de 2019 y por el cual fue emitida primero una orden de captura en su contra desde el Reclusorio Norte y luego una ficha roja de la Interpol, con la cual Ancira fue capturado en España hace 15 meses.
Sin embargo, informó el CJF, otro Juzgado de Distrito, en este caso de la Ciudad de México, había resuelto, previamente, que dicha acción no se encontraba prescrita. “El Poder Judicial está comprometido con los más altos estándares éticos y profesionales de cada una y uno de sus servidores públicos”, destacaron.
Además, el Consejo de la Judicatura indicó que habrá cero tolerancia a cualquier acto contrario a la ética y legalidad entre sus miembros. “Seguiremos actuando con eficacia. La sociedad merece una justicia honesta, confiable y de calidad. Lograrlo plenamente es nuestro compromiso”, indicó Arturo Zaldívar, presidente del CJF y de la Suprema Corte.
El secretario suspendido había amparado a Ancira contra la orden de aprehensión librada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
Ancira había recibido un duro revés en los juzgados, cuando a finales de julio la Suprema Corte rechazó atraer su caso de amparo para estudiarlo. En su pedido, el empresario aseguraba que las autoridades mexicanas no cumplieron con todos los requisitos necesarios para que la orden de aprehensión en su contra fuera legal, donde lo acusan de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal en agravio al erario nacional.
El empresario fue detenido en Palma de Mallorca, una isla vacacional española, en mayo del 2019, cuando la Interpol giró una ficha roja en su contra tras huir de México, después de que la Secretaría de Hacienda (SHCP) congelara sus cuentas bancarias para investigarlo.
Una de las acusaciones en su contra, por defraudación fiscal contra el erario, tiene que ver con la venta, por parte de AHMSA, de una subsidiaria llamada Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa productiva del estado mexicano que en aquel momento encabezaba Lozoya, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La adquisición de Pemex, en diciembre de 2013, de la planta de fertilizantes, se realizó a uno sobreprecio millonario en una empresa estatal que ya era entonces una de las más endeudadas del mundo, concluyó la Auditoría Superior de la Federación un lustro después.
Precisamente por el caso Agro Nitrogenados es que Lozoya fue vinculado a proceso hace unas semanas, acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque el ex funcionario adelantó que colaborará con las autoridades mexicanas para “encontrar la verdad” de lo que llamó el “aparato organizado de poder”.
La FGR acusa a Lozoya de haber promovido la compra a sobreprecios millonarios de Agro Nitrogenados después de recibir dinero de Ancira, quien poseía la empresa como subsidiaria de Altos Hornos. Estos recursos supuestamente habrían sido triangulados a través de una cuenta en paraísos fiscales a nombre de la hermana del ex funcionario, Susana, para adquirir un inmueble en la exclusiva colonia de las Lomas, en la Ciudad de México.
Sin embargo, el ex director de Pemex se declaró inocente y su defensa dejó entrever cómo seguirá este proceso: a través del llamado “criterio de oportunidad”, el hombre intentará aportar información verídica que pueda ser usada en delitos más graves en casos más importantes aún para obtener una condena menor para él y para el resto de su familia implicada.

Ancira, por su parte, aún se encuentra en España, y su proceso de extradición se encuentra detenido, debido a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, que ha detenido la mayoría de los procesos jurídicos de este tipo.
Y es que el Poder Judicial español autorizó ya su extradición por los delitos de los que se le acusa, pero todo se encuentra detenido mientras la pandemia dilata el regreso a las actividades. Sin embargo, la FGR ya interpuso un recurso de revisión, por lo que un Tribunal Colegiado estudiará el caso.
Apenas este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en el caso Agro Nitrogenados, “se tiene que devolver el dinero”, como condición para que se pueda considera una posible reducción de penas.
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