Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) obtuvieron la suspensión definitiva contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad alentada por la Secretaría de Energía (Sener), mismos que promueven la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles.
Esto porque el pasado viernes 14 de agosto, Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió a ambas organizaciones la suspensión definitiva en el amparo que interpusieron de manera conjunta.
Con esta resolución jurídica será posible que los proyectos estancados de energías limpias que ya habían sido autorizados puedan avanzar, siempre y cuando cumplan rigurosamente en todo momento con el marco legal vigente y respeten los derechos de las comunidades donde construyan sus obras.
El razonamiento legal que imperó con la decisión del poder judicial fue de que ya quedaron sin efecto el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional que promovió la Cenace el pasado 29 de abril bajo el argumento de que éste garantizará el suministro eléctrico en el contexto epidémico del COVID-19 en México; así como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Sener el 15 de mayo.
Cabe recalcar que la suspensión aplicará sólo durante el proceso del juicio hasta que se tenga una resolución definitiva de operación con apego a derecho que deje en claro las reglas de operación de los proveedores de energías verdes.
Al respecto, Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Cemda opinó que “tanto el Acuerdo del Cenace como la Política de Sener en esta materia, constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país y, con ello, contribuir a tener un medio ambiente sano, pues sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”.
De manera similar, María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, señaló que “esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población, que ayude a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, a través de proyectos comunitarios de generación distribuida; a la par de dar cumplimiento puntual a los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático”.
Una de las nuevas posibilidades a partir de esta suspensión es que pueden entrar en operación plantas de generación de energía eléctrica que utilicen combustóleo, un tipo de combustible residual de los procesos de refinación de petróleo, que estaban sin operar y programadas para ser retiradas de la producción de energía eléctrica, pues no son tan eficientes.
Finalmente, a través de un comunicado oficial, Cemda y Greenpeace México exhortaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador tenga una perspectiva más fraterna con el medio ambiente y que “no siga promoviendo combustibles fósiles y retrasando la urgente transición energética, pues esto pone a nuestro país en riesgo de incumplimiento de leyes nacionales y compromisos internacionales en materia de reducción de Gases de Efecto Invernadero”.
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