El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancionó este miércoles a diversos servidores públicos, incluido un ex director de su instituto, tras concluir que fueron responsables en la filtración y compra-venta de exámenes para el ingreso de jueces en 2018.
El Consejo de la Judicatura Federal aprobó hoy sancionar a diversos servidores públicos, entre ellos el ex director general del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), por habérseles encontrado responsables de la filtración, y eventual comercialización, de información confidencial sobre el 28º concurso interno de oposición practicado por el IJF en 2018″, informaron en un comunicado.
Se trata de Salvador Mondragón Reyes, el ed director del IJF, el único funcionario del que hicieron una referencia de identificación directa. El magistrado federal fue sancionado con la destitución e inhabilitación por 10 años frente a los hechos que se le encontraron responsable.
“Asimismo, el resto de los involucrados recibieron sanciones en función de su participación. Lo anterior, en términos generales, por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, detallaron.
La decisión del Consejo de la Judicatura Federal se da en el marco de la reforma al Poder Judicial, encabezada por Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, en las cuales no sólo buscan independencia judicial, sino también “otras modificaciones internas que ya han logrado avances al interior” de sus organismos.
“Garantizar una mejor justicia para la población, objetivo que se ha trazado este Pleno y su presidente, el ministro Zaldívar, implica respetar los criterios establecidos por la Suprema Corte”, indicaron. “La profesionalización, integridad y capacidad de nuestras y nuestros juzgadores ha sido prioridad”, completaron.
Para el CJF, un Instituto sólido y fuerte traerá consigo una “mejor justicia, más profesional y socialmente sensible”. “Estamos convencidos de que el servicio público de la procuración de justicia se debe completamente al bienestar y dignidad de la gente. Y ahí, la falta de integridad no tiene cabida”, concluyeron.
Zaldívar, por su parte, expresó que los concursos de oposición son esenciales para garantizar una justicia honesta, cercana y de calidad y, por ello, las conductas indebidas en ellos son inaceptables. “Sancionamos con seriedad las irregularidades del pasado. La política de cero tolerancia a la corrupción no admite excepciones”, añadió.
Ya en 2018, debido a una serie de irregularidades detectadas desde entonces dentro del proceso para el Concurso Interno de Oposición destinado a la Designación de nuevos Jueces de Distrito. El CJF anunció su anulación en febrero de aquel año.
La decisión del Consejo de la Judicatura se dio después de que el IJF le enviara un informe donde se alertaba de la filtración de al menos algunas partes de los exámenes. “Lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso”, dijeron. “El Pleno de este cuerpo colegiado inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar dicha determinación”, agregaron en su momento. Dos años después, los resultados saltan a la vista.
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