CJF destituyó e inhabilitó a magistrado de Querétaro acusado de acoso sexual y nepotismo

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó e inhabilitó por 10 años al magistrado federal Fernando Reza Saldaña, adscrito a Querétaro, acusado de hostigamiento sexual en agravio de 10 mujeres y por nepotismo.

En un comunicado, el CJF señaló que el magistrado contrató a la esposa del juez de Distrito Javier Loyola Zosa, del circuito de Querétaro, “En acuerdo y beneficio personal de dicho juez”. Loyola Zosa también fue suspendido por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo. El magistrado Reza Saldaña fue suspendido desde septiembre de 2017 por las denuncias que pesaban en su contra.

El pleno del Consejo de la Judicatura aclaró que no habría tolerancia y recordó que dicha administración ha sido tajante respecto a casos sobre igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación.

“El combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del CJF, pues representan un cáncer para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales.

“La vocación de un poder del Estado, como los es el PJF, es de servicio público. Son precisamente la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación”, señaló el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales.

El CJF enfatizó que la justicia está al servicio y seguridad de los mexicanos y abundó: “los juzgadores federales del PJF estarán a la altura, ése es el compromiso con el que reafirma su labor el CJF en esta administración, juzgadores y juzgadoras íntegras, capaces y sensibles frente a la justicia social”.

Sobre este asunto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, advirtió que el acoso sexual no será permitido en el Poder judicial Federal.

“La posición de cero tolerancia del Pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ha sido tajante respecto a casos sobre igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF)”, dijo el organismo en el comunicado.

La resolución del presente caso, se dio en sesión de pleno de este miércoles y, de acuerdo con el CJF, la decisión “se apega a lo señalado por la Constitución y las leyes aplicables y en respeto al principio de presunción de inocencia”.

La determinación aún es apelable y sería la Suprema Corte la que determine la impugnación que en su caso presenten los juzgadores sancionados.

El 10 de octubre pasado, el CJF ordenó la suspensión por tiempo indefinido del magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo, quien es investigado por formar parte de una presunta red de corrupción.

El magistrado es parte del Décimo Tribual Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México y es uno de los tres encargados de revisar las suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía, obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El CJF aseguró que Camero presenta graves inconsistencias en sus finanzas, por lo que abrió una investigación en su contra. Aunque la suspensión se ordenó un día antes, el magistrado aún participó en una sesión del Tribunal en la que se votaron tres recursos relacionados con la terminal aérea.

Días después, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses a una magistrada federal del Estado de México por diversas irregularidades en sus funciones, principalmente por coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos.

El órgano informó que la magistrada, de la que no dio a conocer el nombre, obligó a una funcionaria a certificar actos engañosos, cambió las funciones del personal adscrito a su cargo sin justificación o aviso previo, usó indebidamente un vehículo oficial y además, encubrió todos estos actos ilícitos.

Dijo que no tolerará los abusos de poder y reiteró que el deber de los órganos jurisdiccionales es el de impartir justicia con ética, profesionalismo e independencia. “La legitimidad del Poder Judicial de la Federación está en la independencia con que se dictan las sentencias, pero también en la ética de las y los juzgadores federales”, añadió el Consejo presidido por el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

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