La jueza que ordenó aprehensión de César Jáuregui renunció un día después de su captura: otro juez lo procesó por traición a la patria

Mariana Vieyra Valdés autorizó la orden de captura el 17 de octubre de 2026 y presentó su renuncia al día siguiente, según informaron fuentes judiciales; el expediente pasó a manos de Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva

Mariana Vieyra Valdés autorizó el 17 de octubre de 2026 la orden de aprehensión contra César Jáuregui por presunta traición a la patria. Según informes de fuentes judiciales, al día siguiente la jueza presentó su renuncia. El expediente pasó entonces a Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien posteriormente vinculó a proceso al exfiscal de Chihuahua y le impuso prisión preventiva. (Crédito: especial)
Mariana Vieyra Valdés autorizó el 17 de octubre de 2026 la orden de aprehensión contra César Jáuregui por presunta traición a la patria. Según informes de fuentes judiciales, al día siguiente la jueza presentó su renuncia. El expediente pasó entonces a Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien posteriormente vinculó a proceso al exfiscal de Chihuahua y le impuso prisión preventiva. (Crédito: especial)
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Mariana Vieyra Valdés autorizó el 17 de octubre de 2026 la orden de aprehensión federal contra César Jáuregui por presunta traición a la patria. Ese mismo día, el exfiscal de Chihuahua fue detenido.

De acuerdo con fuentes judiciales, al día siguiente, la jueza renunció y el expediente pasó a Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien posteriormente lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva.

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La acusación de la FGR señala que Jáuregui habría permitido la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio clandestino en El Pinal, Chihuahua, sin autorización federal. La intervención, realizada en abril, terminó con la muerte de dos estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía estatal.

Según estas fuentes, la defensa de Jáuregui Moreno aseguró que el oficio con el que le fue notificada la salida de Vieyra no explicaba los motivos. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) confirmó después la recepción de la renuncia y la remitió al Senado, pero tampoco precisó las razones de la separación.

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La orden de aprehensión contra Jáuregui fue librada el 17 de octubre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó el mandamiento judicial en Chihuahua. La fiscal general Ernestina Godoy informó que la investigación había comprendido más de 100 actos de gabinete y campo y atribuyó al exfuncionario la organización y coordinación de un operativo irregular en El Pinal, municipio de Morelos.

Un día después, el 18 de octubre, Vieyra Valdés habría presentado su renuncia, de acuerdo con la información que la defensa recibió durante las primeras diligencias federales.

El 19 de octubre, durante la audiencia inicial, los abogados fueron informados de que otro juzgador asumiría el expediente. Para el 20 de octubre, Ricardo Alfonso Santos Dorantes ya aparecía a cargo del procedimiento en el que se determinó la situación jurídica del exfiscal.

El 21 de octubre, el OAJ formalizó la recepción de la renuncia mediante el oficio SEPLE./PLE./009/1903/2026, firmado por su secretario ejecutivo, César Mauricio López Ramírez. La comunicación fue remitida al Senado para que resolviera lo conducente, conforme a las disposiciones constitucionales.

El Senado recibió la notificación durante la segunda quincena de octubre, según los reportes sobre el trámite legislativo. El documento no incluyó una explicación sobre los motivos de la renuncia ni estableció una relación entre la decisión de Vieyra y el proceso contra Jáuregui.

La defensa hizo pública la salida de la jueza el 21 de octubre. Hasta el cierre de esta nota informativa, no existe una explicación pública que permita establecer por qué Vieyra decidió abandonar el cargo inmediatamente después de autorizar la captura.

César Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre en Chihuahua. (Crédito: especial)
César Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre en Chihuahua. (Crédito: especial)

Vieyra Valdés, expedientes de impacto nacional

En julio de 2025, Vieyra Valdés absolvió a Israel Vallarta Cisneros, quien permaneció casi 20 años en prisión preventiva acusado de secuestro y delincuencia organizada. La jueza determinó que la Fiscalía no había acreditado su responsabilidad penal y descartó pruebas afectadas por irregularidades, tortura y el montaje televisivo de su detención.

En marzo de ese mismo año sentenció a Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, a 89 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro de dos personas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

También intervino en procedimientos judiciales relacionados con el caso de huachicol fiscal, en el que fueron investigados el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, señalados por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

Quién es Ricardo Alfonso Santos Dorantes, el juez que recibió el expediente

Ricardo Alfonso Santos Dorantes asumió el procedimiento federal contra Jáuregui después de que Vieyra dejó el cargo. Su ficha curricular en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), actualizada el 19 de agosto de 2024, lo identifica como juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl.

El juzgador es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde obtuvo su título en septiembre de 2008. También cursó una maestría en Derecho con énfasis en Constitucional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre 2015 y 2016, y una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial, en 2020.

Su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación comenzó en puestos administrativos. En su historial aparecen cargos de chofer, oficial de servicios y mantenimiento, secretario particular, secretario de juzgado y secretario de tribunales colegiados.

Posteriormente ocupó funciones en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. También trabajó como secretario técnico en distintas áreas del Consejo de la Judicatura Federal.

En agosto de 2024 asumió el cargo de juez de Distrito. Su perfil oficial registra cursos de actualización sobre el sistema penal acusatorio, derechos humanos, razonamiento probatorio, perspectiva de género y precedentes judiciales.

Uno de los datos que requiere aclaración es su adscripción. Mientras la ficha curricular del CJF lo ubica en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, Vieyra estaba adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

La diferencia de sedes amerita conocer el acuerdo mediante el cual Santos Dorantes recibió el expediente y la habilitación o turno que le permitió intervenir en las audiencias realizadas en el penal del Altiplano. Sin embargo, la información curricular por sí sola no demuestra que careciera de jurisdicción o competencia para conocer el asunto.

Tampoco se ha localizado una resolución pública que explique si existió una comisión temporal, un cambio de adscripción o una asignación específica para atender la causa penal.

El nombre de Santos Dorantes también apareció en otro expediente de alto perfil: la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, y otras personas investigadas por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La intervención judicial en ese procedimiento fue reportada por medios nacionales.

La acusación contra Jáuregui por la operación en la que murieron dos agentes de la CIA

La causa federal contra el exfiscal se relaciona con un operativo realizado entre el 17 y el 18 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales localizaron seis laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas.

La operación fue organizada por áreas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y contó con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que brindó apoyo perimetral.

En el despliegue participaron cuatro agentes estadounidenses identificados posteriormente como integrantes de la CIA. Dos de ellos viajaron en un vehículo junto con el entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, mientras los otros dos se desplazaron en vehículos de apoyo.

El 19 de abril, cuando regresaban de la operación, una camioneta cayó por un barranco. Murieron Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. En ese mismo operativo también murieron dos agentes estadounidenses. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)
El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. En ese mismo operativo también murieron dos agentes estadounidenses. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

La presencia de los estadounidenses generó una investigación federal porque el Gobierno de México sostuvo que no había autorizado su participación en actividades de seguridad dentro del territorio nacional.

El 17 de octubre, Ernestina Godoy informó que la FGR había realizado más de 100 actos de investigación y que un juez federal concedió la orden de aprehensión contra Jáuregui por presunta traición a la patria.

La fiscal general sostuvo que el exfuncionario habría organizado y coordinado el operativo sin informar a las autoridades federales, pese a que mantenía comunicación con funcionarios estadounidenses. También señaló que las entidades federativas no pueden asumir facultades reservadas a la Federación ni transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

La investigación federal sostiene que los agentes de la CIA participaron en actividades que correspondían a las autoridades mexicanas y que su intervención no contaba con autorización.

La cadena de mando: el papel de Arturo Zuany y Pedro Oseguera

La investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua también involucra a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien encabezaba la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, y a Pedro Oseguera, director de la AEI.

Una reconstrucción publicada por El País el 23 de octubre, basada en fuentes cercanas a la investigación y documentos de la carpeta, señala que cuatro agentes de la CIA tenían presencia habitual en instalaciones de la Fiscalía estatal desde meses antes del operativo de El Pinal.

Zuany habría facilitado el acceso de los estadounidenses a las instalaciones y su participación en actividades de capacitación, adiestramiento y planeación. El exfiscal especializado había llegado al cargo el 5 de septiembre de 2025, después de desempeñarse en la Agencia Estatal de Investigación.

La investigación periodística refiere que los agentes estadounidenses acudían a las instalaciones de la Fiscalía desde enero de 2026. También documenta imágenes de su salida hacia El Pinal el 17 de abril, con uniformes tácticos de fuerzas estatales, armas y equipo especializado, incluido un dispositivo para operar drones.

En uno de los videos revisados por las fuentes de El País, Zuany aparece discutiendo con Jáuregui dentro de las instalaciones de la Fiscalía. El reportaje no establece por sí mismo qué información conocía cada funcionario ni demuestra que todos los integrantes de la cadena de mando supieran que los extranjeros participarían en el despliegue.

Oseguera, por su parte, fue quien viajó con dos agentes de la CIA en el vehículo que posteriormente cayó por el barranco. La defensa de Jáuregui sostiene que el entonces director de la AEI fue el funcionario que tuvo contacto directo con los estadounidenses y coordinó su participación.

Zuany dejó su cargo a mediados de mayo y permanece en paradero desconocido, según la investigación periodística. En su contra se libró una orden de aprehensión por ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante autoridades.

Su situación judicial también tiene un procedimiento propio. Al 14 de noviembre, tenía pendiente una audiencia constitucional de amparo programada para el 24 de noviembre, según reportes de Quadratín Chihuahua.

La defensa sostiene que Jáuregui conocía el operativo, pero no la participación de la CIA

Héctor Villasana, abogado del exfiscal, ha insistido en que su cliente autorizó las acciones para desmantelar el laboratorio clandestino, pero no sabía que participarían agentes estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el defensor sostuvo que más de 80 testimonios recabados en la investigación no mencionaban una instrucción directa de Jáuregui para incorporar a los integrantes de la CIA.

La defensa identificó a Pedro Oseguera como el funcionario con mayor cercanía a los extranjeros y sostuvo que los testimonios apuntaban a su intervención en la operación.

El abogado de César Jáuregui, Héctor Villasana (a la izquierda), cuestiona la acusación por traición a la patria y afirma que el reportaje de The New York Times tampoco lo vincula con la autorización de agentes extranjeros. (Crédito: especial)
El abogado de César Jáuregui, Héctor Villasana (a la izquierda), cuestiona la acusación por traición a la patria y afirma que el reportaje de The New York Times tampoco lo vincula con la autorización de agentes extranjeros. (Crédito: especial)

Jáuregui también negó haber autorizado la presencia de los agentes estadounidenses. En una declaración ante un juez de Chihuahua, afirmó que no había dado instrucciones para que participaran funcionarios extranjeros y cuestionó que se le atribuyera responsabilidad por las decisiones operativas de otras áreas de la Fiscalía.

La FGR, en cambio, sostiene que el exfiscal tenía conocimiento de la planeación porque el despliegue involucró a dos áreas que dependían de su institución: la AEI y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

La fiscalía también utilizó declaraciones públicas del propio Jáuregui, quien había reconocido que el operativo fue resultado de meses de preparación entre esas dependencias.

El 25 de octubre, Santos Dorantes vinculó a proceso a Jáuregui por presunta traición a la patria y ratificó la prisión preventiva. La autoridad judicial fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el fuero estatal, el exfiscal también fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público. El juez local desechó la imputación por coalición de servidores públicos, resolución que la Fiscalía de Chihuahua impugnó.

Aliados panistas consideran que Jáuregui es un preso político

La detención del exfiscal provocó reacciones entre militantes y dirigentes del PAN en Chihuahua. Desde el 18 de octubre, simpatizantes se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia con consignas como “César no está solo”.

Entre los asistentes estuvo Juan Blanco Zaldívar, exalcalde de Chihuahua capital, quien calificó a Jáuregui como preso político y sostuvo que su detención respondía a una acción contra un integrante de la oposición.

El senador panista Mario Vázquez Robles también acudió a expresar su respaldo. Consideró que el exfiscal debía enfrentar el proceso en libertad porque contaba con arraigo en Chihuahua.

La senadora del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, planteó otra hipótesis: sostuvo que la detención podía tener como propósito impedir que Jáuregui compitiera por la presidencia municipal de Chihuahua en 2027.

César Jáuregui es un preso político, afirma Marco Bonilla, coordinador del PAN en Chihuahua. (Crédito: Captura de pantalla)
César Jáuregui es un preso político, afirma Marco Bonilla, coordinador del PAN en Chihuahua. (Crédito: Captura de pantalla)

Los señalamientos políticos se relacionan también con el distanciamiento entre Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos, con quien mantuvo una relación de colaboración durante varios años.

El exfiscal fue uno de los colaboradores cercanos de Campos y la acompañó en su trayectoria política. La detención ocurrió después de que ambos quedaron involucrados en la controversia por la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua.

Desde prisión, Jáuregui envió una carta a legisladores y dirigentes del PAN para solicitar un pronunciamiento público, seguimiento institucional a sus procesos y respaldo para defender su presunción de inocencia.

El 3 de noviembre, integrantes del movimiento Libertad para César Jáuregui acudieron a la sede nacional del PAN, donde entregaron la carta a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del partido. Los representantes solicitaron que la dirigencia impulsara acciones políticas e institucionales.

Sin embargo, la defensa criticó posteriormente la falta de respuesta del Comité Ejecutivo Nacional. El abogado Luis Villegas Montes afirmó el 4 de noviembre que el partido mantenía un “silencio brutal y sepulcral” frente a las solicitudes de respaldo.

El Consejo Estatal del PAN en Chihuahua acordó el 7 de noviembre pronunciarse contra la permanencia del exfiscal en prisión. El senador Mario Vázquez lo describió como un chivo expiatorio del gobierno federal.

Cinco días después, el 12 de noviembre, el alcalde con licencia de Chihuahua y aspirante a la gubernatura, Marco Bonilla, sostuvo que el partido y sus principales liderazgos ya habían realizado las acciones políticas a su alcance. También anunció la publicación de un desplegado nacional para denunciar que Jáuregui es un preso político de la llamada Cuarta Transformación.

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, mantuvo el respaldo político, pero estableció una separación entre la defensa partidista y el procedimiento judicial. Sostuvo que el partido no buscaría intervenir en las decisiones de las autoridades encargadas del expediente.

Jáuregui continúa preso mientras sus recursos siguen pendientes

Al cierre de esta nota informativa, el exfiscal permanece en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Su defensa había anunciado recursos contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva.

En el ámbito estatal también seguía pendiente la resolución de la apelación contra la vinculación por ejercicio ilegal del servicio público. La Fiscalía de Chihuahua, por separado, impugnó la decisión de no procesarlo por coalición de servidores públicos.

Por ahora, el OAJ y el Senado no han hecho públicos los motivos de la salida de la jueza; tampoco se ha localizado el acuerdo que detalle las condiciones bajo las cuales Santos Dorantes recibió el procedimiento. Mientras tanto, la FGR mantiene la acusación por traición a la patria y la defensa sostiene que no existen pruebas de que Jáuregui autorizara la participación de los agentes estadounidenses.

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