
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que en México, desde los años 60 hasta este lunes 13 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene registrados 73,301 desaparecidos o no localizados.
De igual forma, explicó que cuatro entidades federativas acaparan el 57% de éstas y en lo que va de esta administración, han prestado atención al fenómeno de las llamadas fosas clandestinas.
En el país se empezaron a encontrar las fosas desde 2006, con la administración del abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) Felipe Calderón y la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde ese año hasta ahora se han encontrado 3,978, donde han exhumado 6,625 cuerpos.
Desde el inicio del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, se han encontrado 1,143 fosas, es decir, el 28% del total. Se han exhumado 1,682 cuerpos, donde el 42% han sido identificados y el 25% entregados a sus deudos.

De acuerdo con lo expuesto por el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los estados de Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Colima son los más afectados por este aliciente, pues sólo en estas cuatro demarcaciones se concentra el 57% de las fosas encontradas. Si se toma la lista por principales urbes; Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa, concentran el 78% de éstas.
Tomando en cuenta los datos recopilados, el subsecretario de la Segob pudo asegurar que ha habido una disminución en esta expresión del crimen organizado y violencia en un 36.6% en 2020 con respecto al año pasado y que por primera vez en muchos años se nota una desvinculación entre el número de desaparecidos y de homicidios en México.
Karla Quintana, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), señaló que el mayor rango de edad en desapariciones es de 10 a 19 años, algo a lo que se refirió como alarmante. De igual modo, explicó que, después de los mexicanos, la segunda nacionalidad de mayor riesgo en México es la estadounidense.

Después de explicar estos parámetros, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, dijo que actualizarán constantemente los datos de las víctimas de desaparición forzada, pues existe una “deuda con las víctimas de otros regímenes”.
Los motivos de las desapariciones son varios; sin embargo, la sistematización de ellas obedece a las grandes organizaciones delictivas en México. Por un lado, los cárteles de la droga contratan, con falsas promesas, a trabajadores del campo para mejorar sus condiciones de vida. De igual forma, si llega a convenir a sus intereses, desaparecen poblaciones por estar ubicadas en una región que consideran estratégicas. Y, aunado a esto, se dedican a hostigar a migrantes de centro y sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos para salir de la pobreza o del reclutamiento forzado de pandillas. Este último caso atiende, principalmente, a Guatemala, El Salvador y Honduras.
Cabe recordar el caso de finales de marzo del 2019, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los rostros de 26 migrantes desaparecidos en Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, los migrantes iban a bordo de un autobús de pasajeros a la altura del kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas, cuando se supo por última vez su paradero. Fue así que a través de una publicación de Twitter, la Fiscalía difundió los rostros de los migrantes.
Otros casos destacables durante esta administración es cuando en abril del 2019, autoridades federales confirmaron la existencia de dos fosas clandestinas con una suma de 45 cuerpos.
El lunes 13 de abril fueron hallados 30 cuerpos en el estado de Sonora y 15 más en Jalisco; estos últimos estaban sepultados debajo del patio de un multifamiliar a las afueras de Guadalajara.
Los restos humanos han sido hallados por la Asociación de Mujeres Guerreras Buscadoras de Sonora, quienes han organizado grupos de búsqueda y excavación ante la falta de resultados de las autoridades.
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