Una corte federal de Nueva York determinó cerrar el acceso público a los casos criminales en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y contra Iván Reyes Arzate, mando de la Policía Federal entre 2008 y 2017. Ambos ex funcionarios están acusados de haber protegido a varios cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con el diario Reforma, el movimiento se efectuó en el transcurso de esta semana por parte de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, pues hasta el 26 de junio todavía era posible consultar los expedientes a través del sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos.
El diario mexicano también señaló que en el caso de García Luna se agregó la anotación en latín “et. al” (y todos los demás), por lo que se infiere que habría más de un acusado en el mismo proceso que enfrenta uno de los arquitectos de la controvertida “Guerra contra el narco”.
Y es que la acusación original, misma que se presentó el 4 de diciembre ante la Corte, únicamente incluía a García Luna, cuya próxima audiencia de estatus del proceso esta agendada para el 30 de julio, dentro de la etapa de descubrimiento probatorio previa al juicio, mismo que por su complejidad e interrupciones por la pandemia de coronavirus, podría alargarse de uno a dos años más.
Cabe mencionar que en los Estados Unidos, todas las personas tienen derecho a acceder a la información de los procesos judiciales, aunque existen excepciones. Un ejemplo de esto son los casos de seguridad nacional o de colaboración por pate de los acusados con la Fiscalía.
Un asunto relevante de esta determinación es que con los casos bajo sellos, el público ya no podrá saber las fechas de audiencias. Tampoco podrá acceder a ellas, conocer las mociones u otros documentos que se presenten ante el juez que lleva ambos procesos, quien en este caso es Brian Cogan.
Genaro García Luna, el todopoderoso policía del presidente Felipe Calderón (2006-2012), está acusado de operar bajo sueldo a favor del Cártel de Sinaloa.
La primera vez que sonó su nombre fue en febrero de 2018, durante el proceso en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, socio de “El Chapo” Guzmán, declaró que el Cártel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.
El primer soborno, según “El Rey” Zambada, fue de USD 3,000,000 y se produjo en un restaurante en 2005. Para entonces, García Luna ocupaba un cargo de alta responsabilidad: director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Dos años más tarde, ya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, se produjo otro pago de USD 5,000,000.
Los sobornos tenían como propósito, según la versión del líder narco, conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del Cártel de Sinaloa, para así tenerlo en su bolsillo.
En este sentido, la justicia estadounidense acusa al ex secretario de seguridad de ser el brazo del gobierno mexicano que facilitó al cártel más poderoso de México operar con impunidad en el país, incluyendo los cargos de distribución y posesión de cocaína, además de declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.
Por su parte, Iván Reyes Arzate, quien trabajó para García Luna como jefe de la Unidad de Asuntos Sensitivos de la Policía Federal y era el principal contacto la DEA, está señalado por colaborar con El Seguimiento 39, un grupo que tenía alianzas con los cárteles de Sinaloa, Golfo, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
Es importante recordar que tanto García Luna como Reyes Arzate estaban en negociaciones para una posible declaración voluntaria de culpabilidad a cambio de beneficios, un proceso común para todos los juicios penales en los Estados Unidos.
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