Genaro García Luna, el todopoderoso policía del presidente Felipe Calderón (2006-2012), acusado de operar bajo sueldo a favor del Cártel de Sinaloa, constituye ahora mismo el problema del retraso de los juicios por la pandemia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la audiencia de García Luna, prevista para este viernes, será aplazada hasta el próximo 30 de julio por problemas de las autoridades para reunirse con testigos encarcelados.
Esta misma semana, fiscales neoyorquinos enviaron a los abogados del ex secretario de Seguridad Pública de México pruebas contra su cliente, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas que lo vinculan con el narco.
En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron que enviaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa.
El 8 de diciembre, el exespía y superpolicía, de 51 años, que gustaba de las Harley Davidson y los Mustangs fue detenido en Texas, Estados Unidos. Un mes después, en su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, García Luna se declaró inocente, lo que abrió la puerta a un inminente juicio.
Precisamente en ese juzgado, sonó públicamente su nombre por primera vez, durante el proceso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, socio de “El Chapo” Guzmán, declaró en febrero de 2018 que el Cártel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.
El primer soborno, según “El Rey” Zambada, fue de USD 3.000.000 y se produjo en un restaurante en 2005. Para entonces García Luna ocupaba un cargo de alta responsabilidad: director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Dos años más tarde, ya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, se produjo otro pago de USD 5.000.000.
Los sobornos tenían como propósito, según la versión del líder narco, conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del Cártel de Sinaloa, para así tenerlo en su bolsillo.
La justicia estadounidense acusa al ex secretario de seguridad de ser el brazo del gobierno mexicano que facilitó al cártel más poderoso de México operar con impunidad en el país, incluyendo los cargos de distribución y posesión de cocaína, además de declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.
Al terminar el gobierno de Felipe Calderón, en 2012, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami (EEUU), donde dirigía varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos ex funcionarios del FBI, la CIA o la DEA. Hasta había comenzado los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense.
La Ficalía estadounidense anunció que al arribar a la Unión Americana, el ex funcionario había amasado una fortuna personal que era incomparable con el salario de un funcionario público en México.
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