Tomás Zerón está en el centro de la tormenta. Su actuación como uno de los arquitectos de la “verdad histórica” de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lo han transformado en un blanco de las nuevas investigaciones sobre el caso, que reabrió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras su llegada al poder.
Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sabía que su espalda era un blanco en la reapertura del caso. Además de solicitar un amparo para evitar su captura, la Fiscalía federal confirmó este martes que el ex funcionario huyó del país.
El pasado 10 de marzo, un juez de control ordenó el arresto de Zerón por posible violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas. Sin embargo, este martes en conferencia de prensa, el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero ha confirmado que el funcionario se marchó de México.
Asimismo, informó sobre otras detenciones ordenadas de servidores públicos de Guerrero, involucrados en desaparición forzada y delincuencia organizada.
Su polémica visita a Cocula
En 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial del gobierno de Peña Nieto sobre la desaparición de estudiantes, dio a conocer un video del entonces funcionario que causó revuelo en un caso que siempre provocó incredulidad entre la sociedad mexicana.
En la grabación, se puede ver a Zerón caminando junto a elementos de su Agencia y de la entonces PGR por el paraje del Río Cocula, donde las investigaciones concluyeron que los estudiantes habían sido incinerados. Junto al titular de la AIC estaba el presunto delincuente Agustín García, “El Chereje”.
La “visita” de Zerón, que la PGR y el mismo funcionario defendieron como transparente y apegada a la ley, provocó sospechas sobre la “verdad histórica” que se daría a conocer unas semanas después, ya que Zerón visitó el lugar a finales de octubre de 2014, unas horas antes de que elementos de la policía encontraron bolsas con restos óseos quemados.
El procurador de la República, Jesús Murillo Karam, daría a conocer la versión oficial del gobierno de Peña Nieto el 7 de noviembre de 2014. Cuando el GIEI dio a conocer el video, en 2016, las dudas estallaron sobre una posible acción para “sembrar” evidencias que permitieran a dicha narrativa confirmarse como la única posible.
Y es que “El Chereje”, uno de los detenidos clave en la desaparición de los normalistas, aseguró haber participado en los hechos en los que fueron quemados los cuerpos de los estudiantes y afirmó que las cenizas fueron echados en bolsas al río.
Zerón de Lucio explicó que previo a la declaración ministerial de Agustín García Reyes, la PGR no tenía conocimiento del probable destino de los desaparecidos, por lo cual era necesario acudir al lugar para verificarlo, aunque sus críticos indicaron que dicha visita se dio a conocer solamente tras la publicación del video.
La tambaleante “verdad histórica”
Oficialmente, según la investigación del Gobierno de Peña Nieto, autondenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.
El GIEI, que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso. Apenas en junio de 2019, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.
Este martes, la actual administración dio por terminada la llamada “verdad histórica”. “El día de ayer (lunes), la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. Todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada, y por delincuencia organizada”, especificó Gertz Manero.
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