La última jugada de Rocha Moya: así es la polémica iniciativa que propuso antes de pedir licencia y que blindaría su gobierno

Trece días antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales de narcotráfico en su contra, el gobernador Rubén Rocha Moya envió al Congreso de Sinaloa una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

La propuesta, fechada el 16 de abril de 2026, elimina el acceso ciudadano a las bitácoras de vuelos oficiales, amplía los supuestos bajo los cuales el gobierno puede negar información sobre investigaciones de corrupción en curso y transfiere al propio Poder Ejecutivo las funciones del organismo autónomo que hoy garantiza el derecho a saber en Sinaloa.

Organizaciones civiles la califican como un intento de blindar la gestión de Rocha Moya ante cualquier revisión futura, sobre todo ahora que están en la mira de EEUU.

Rocha Moya pidió licencia el 2 de mayo de 2026 y desde entonces Yeraldine Bonilla Valverde ocupa la gubernatura interina. Fue Bonilla, entonces secretaria general de Gobierno, quien firmó el envío de la iniciativa al Congreso.

¿Qué propone la iniciativa y por qué preocupa?

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa revisó punto por punto el texto de la iniciativa y encontró 20 aspectos preocupantes. Entre los más graves: el gobierno podría negarse a mostrar facturas y recibos que demuestren en qué gastó el dinero público; se amplían los pretextos para no entregar información, como invocar la seguridad nacional o la estabilidad financiera; y el plazo para responder a quien solicite información se extendería.

La ley vigente en Sinaloa permite solicitar los registros de vuelos en aeronaves oficiales o rentadas con recursos públicos: quiénes viajaron, con qué tripulación, hacia dónde y con qué objetivo. La iniciativa de Rocha Moya borra esos apartados por completo.

Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, lo señaló en entrevista con Aristegui en Vivo: “Estos apartados simplemente se borraron de la iniciativa del gobernador. Este ya es un retroceso que podemos medir muy fácilmente”.

El dato adquiere peso por señalamientos recientes. El periodista Jorge García Orozco difundió en su cuenta de X que los hijos del gobernador —Rubén, José y Ricardo Rocha Ruiz— habrían viajado en aeronaves privadas junto al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, uno de los diez funcionarios acusados por Estados Unidos. Cada vuelo habría costado más de 500,000 pesos.

Sobre las investigaciones de corrupción, la ley actual permite dar seguimiento a expedientes abiertos contra servidores públicos. La propuesta agrega la palabra “acreditados” al artículo que regula esa información. Con ese cambio, un ciudadano solo podría acceder a datos sobre actos de corrupción ya concluidos y probados, no a casos en proceso.

Sinaloa fue una de las primeras entidades del país en incluir a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia. La iniciativa de Rocha Moya elimina esa obligación.

Bajo la ley vigente, los partidos deben publicar contratos, convenios, montos de financiamiento, listado de aportantes, tabuladores salariales, estados financieros e inventarios patrimoniales, entre otros datos.

Aunque la iniciativa avanzó con rapidez tras ser presentada el 16 de abril —recibió primera lectura cinco días después y posteriormente fue turnada a comisiones—, hasta ahora no ha sido votada por el pleno del Congreso de Sinaloa. Actualmente permanece en fase de dictaminación en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Organizaciones civiles exigen frenar la reforma

El cambio de fondo de la iniciativa es la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), el organismo autónomo que en Sinaloa resuelve controversias sobre acceso a la información.

Sus funciones pasarían a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependiente del Poder Ejecutivo. El gobierno argumentó en la exposición de motivos que solo se “cambia de lugar” a la comisión.

Las organizaciones civiles rechazan esa lectura: con el nuevo modelo, el Ejecutivo sería simultáneamente el administrador del gasto público y el árbitro de las controversias sobre ese gasto.

Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, ha destacado en medios de comunicación el contexto en que se presentó la propuesta: “La persona promovente es un gobernador que tiene licencia a partir de unas investigaciones que realiza un país vecino y no son investigaciones menores. Preocupa porque el día de mañana, si se llega a aprobar esta iniciativa y queremos saber justo cómo ejerció su labor el gobernador en relación con recursos públicos, nos van a reservar la información”.

Ante la posibilidad de que el Congreso apruebe la propuesta sin cambios, la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa —integrada por Iniciativa Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Coparmex, Sabuesos Guerreras, No se metan con nuestras hijas y Tacuichamona Mx— anunció que promoverá amparos por considerar que la reforma viola principios de progresividad en derechos.