“Queremos un juicio justo”: así fue el día que Sinaloa marchó por la liberación de ‘El Chapo’ Guzmán

En febrero de 2014, miles de sinaloenses salieron a las calles de Culiacán, Guamúchil y Mocorito para exigir la liberación de Joaquín “El Chapo” Guzmán y rechazar su extradición a Estados Unidos, apenas cuatro días después de su captura en Mazatlán.

“Queremos un juicio justo”, “No a la extradición” y “Libérenlo” fueron algunas de las consignas que resonaron en el centro de la capital sinaloense, donde cerca de dos mil personas vestidas de blanco marcharon acompañadas de bandas de música de tambora, en lo que se convirtió en la primera manifestación abierta a favor de un capo del narcotráfico en México.

La marcha ocurrió el 26 de febrero, cuatro días después de que elementos de la Marina Armada de México detuvieran a Guzmán Loera en un departamento del puerto de Mazatlán, donde se encontraba con su esposa Emma Coronel y sus hijas mellizas.

La convocatoria llegó a través de volantes repartidos en calles, escuelas y comercios, mensajes de WhatsApp y carteles colocados a la entrada de municipios como Mocorito, donde rezaban: “Hoy vístete de blanco en apoyo al chaparrito ‘El Chapo’ Guzmán”. En redes sociales, la movilización se difundió bajo los hashtags #YoSoyAK47 e #ILoveChapo.

Cientos de sinaloenses marcharon con corridos, tamales y pancartas impresas

El contingente partió desde las escalinatas del templo de La Lomita, en Culiacán, poco después de las cinco de la tarde. Eran alrededor de mil 200 personas, según crónicas de medios locales.

Entre los asistentes había familias completas con niños que portaban carteles con leyendas como “Sinaloa es tuyo, Chapo”, “Joaquín Guzmán daba trabajo, no como ustedes políticos corruptos”, “Chapo, hazme un hijo” y “No queremos otra guerra: liberen al CHAPO”.

A los lados del contingente circulaban vehículos de lujo con música a todo volumen. Los organizadores repartieron camisetas blancas con el número 701, referencia al lugar que la revista Forbes asignó a Guzmán Loera en su lista de los hombres más ricos del mundo. Algunos asistentes recibieron gorras, tamales y agua fresca por participar.

El entonces gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, reconoció públicamente que hubo personas que dijeron haber recibido dinero, aunque no pudo confirmar quién organizó los pagos.

La marcha recorrió 15 cuadras por la avenida Obregón sin vigilancia policiaca visible. Frente al Ayuntamiento, el contingente se convirtió en un carnaval: bandas musicales interpretaban canciones tradicionales y corridos alusivos al capo.

Al llegar a la Catedral de Culiacán, los manifestantes bloquearon seis carriles. Ahí comenzaron los jaloneos: los asistentes aventaron botellas de agua a los policías que pedían desalojar la avenida, y los uniformados respondieron con diez detenciones y un joven herido en la cabeza de un macanazo.

Un punto de reunión fue también la capilla dedicada a Jesús Malverde, el santo patrón de los narcotraficantes no reconocido por la Iglesia católica, frente a la cual elementos de las diferentes corporaciones de seguridad intentaron disuadir al contingente.

En la comunidad de Jesús María, municipio de Culiacán, donde años más tarde Ovidio Guzmán fuera detenido, cerca de 50 personas marcharon con un cuadro de la Virgen de Guadalupe al frente, prestado por una iglesia local.

“Con El Chapo el pueblo se sentía más seguro”

Entre los asistentes, una ama de casa de 30 años de Las Coloradas, en el sur de Culiacán, explicó a la agencia AFP sus razones: “‘El Chapo’ da ayuda a empresas que apoyan a quienes más lo necesitan, da seguridad” y “evita que entren otros cárteles enemigos a Sinaloa”.

Melissa Montenegro, promotora de una de las manifestaciones, señaló que el apoyo al capo era en respuesta a la ayuda que brindó a muchas personas y subrayó que Guzmán Loera “ha realizado más que cualquier gobierno”.

En Badiraguato, el municipio natal de Guzmán Loera, una vecina identificada como Marta Sánchez lo expresó sin rodeos: “Nos sentíamos protegidos por él. Aquí no entraban criminales como Los Zetas. Aquí no se paga derecho de piso”.

Marcha por la dignidad

La respuesta oficial fue de indignación. El entonces procurador general Jesús Murillo Karam dijo en entrevista con Radio Fórmula: “No puede ser que alguien que incluso presume haber matado y haber lesionado y haber afectado a tanta gente, pueda ser defendido de esa manera”.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, calificó las marchas como “no saludables” en un Estado de derecho. La Arquidiócesis de México consideró que las marchas eran un reflejo de lo que calificó como la “chaponización” del país.

Como respuesta ciudadana, el 1 de marzo de 2014 se realizó en Culiacán una marcha por la dignidad de Sinaloa, convocada a través de redes sociales. Los asistentes portaron mensajes como “Cultura jurídica y legalidad para Sinaloa”, “Dignidad es buen gobierno” y “Sinaloa por la paz”. La movilización fue considerablemente menor en número que las marchas a favor del capo.

Doce años después, El Chapo sigue enviando cartas desde prisión para volver a México

Las marchas de 2014 ocurrieron mientras Guzmán Loera estaba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Dos años después de las marchas, en 2016, Guzmán Loera se fugó nuevamente del Altiplano por un túnel de más de un kilómetro excavado bajo su celda, y fue recapturado en enero de ese mismo año en Los Mochis, Sinaloa.

En 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2019 fue declarado culpable por un jurado federal de diez delitos de narcotráfico y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por el juez federal Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Desde entonces, Guzmán Loera cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs), que implica aislamiento casi total, 23 horas diarias en celda individual y correspondencia revisada.

Ha enviado al menos 16 cartas manuscritas a la Corte del Distrito Este de Nueva York solicitando su extradición a México, la revisión de su sentencia y el acceso a documentos sobre su juicio. En todas, el juez Cogan rechazó sus peticiones por considerarlas carentes de fundamento legal.

En una carta del 28 de abril de 2026, sellada el 5 de mayo y recibida en la Oficina Pro Se el 6 de mayo, Guzmán Loera responsabilizó al gobierno mexicano de todos los crímenes violentos por los que fue juzgado y condenado, sostuvo que no causó daño a ninguna persona y cuestionó la actuación del fiscal Ray Donovan y de Richard Donoghue, a quienes señaló por atribuirle culpas relacionadas con una empresa que, según argumentó, ya estaba establecida con anterioridad. También insistió en que su condena careció de sustento probatorio sólido, al señalar que los cargos se apoyaron en el testimonio de un único testigo cuya identidad dijo desconocer.

En otra carta, del 7 de mayo de 2026, Guzmán Loera escribió: “Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy” y afirmó que en México era “conocido no por cosas malas, sino por las cosas buenas” que hizo.

En su carta más reciente, recibida este 13 de mayo de 2026 en la Corte de Brooklyn, volvió a pedir la activación de una cláusula de extradición e invocó la aplicación de la “1st Stop Act” y la “Unseen Act Law” de Estados Unidos. “El gobierno mexicano mató a personas, no yo”, escribió al juez Cogan.