La 4T, la violencia y, ahora, los tuiteros: todos, contra la prensa

Los ataques dirigidos en contra de la prensa, desde las redes sociales, corren el riesgo de convertirse en una nueva forma de censura. Silenciar la voz de la información y de la crítica es una tentación permanente; sobre todo, en contextos en los que la conversación pública se polariza sin posibilidades de tregua. La historia del periodismo muestra que la prensa siempre ha sido una labor que no cesa de enfrentarse a opositores de distintos frentes. En el caso de nuestro país, desde el año 2000, los principales enemigos de la prensa mexicana han sido dos: las autoridades oficiales y las organizaciones criminales. Sin embargo, ahora se suma un tercero: las redes sociales.

A las críticas que desde el púlpito presidencial se lanzan, un día sí y otro también, contra los medios de comunicación y los supuestos intereses oscuros que representan, se suman ahora las embestidas colectivas de las y los tuiteros hacia la prensa mexicana. Las opiniones publicadas en esta red social a veces señalan con puntualidad y objetividad los desaciertos de los periodistas; pero las más de las veces descalifican —con cierto aire de superioridad moral e intelectual— y condenan rabiosamente su desempeño cuando se trata de cuestionar a las autoridades encargadas de atender la pandemia del nuevo coronavirus.

He visto estos ataques, con intensidades intermitentes, cada vez que termina una conferencia matutina. Algunas ocasiones, las burlas radican en la manera desafortunada en la que una periodista planteó su pregunta. Otras, se condena a un periodista por no entender algo que, a ojos de las y los tuiteros —expertos en los temas— es, de sobra, evidente. No hay periodista, ni periodismo que logre sortear la oleada de reclamos, reproches, insultos y hasta amenazas.

El espectáculo que resulta no solo es chocante, sino políticamente improductivo. No da paso a la construcción de consensos; profundiza la polarización. Lo más ominoso del asunto es que los ataques se organizan colectivamente y no se dirigen al mensaje sino al mensajero. Los agresores no solo descalifican al reportero o a la reportera por su falta de ética, preparación y competencias, sino que desacreditan al medio de comunicación; lo vinculan con intereses oscuros —golpistas— y piden que sea expulsado de la discusión.

Es necesario parar y reflexionar: ¿De qué lado estamos? Los actores políticos, los comentaristas, los tuiteros, los opinólogos y demás debemos recordar la situación aún precaria, grave e injustificable en que se encuentra la prensa de nuestro país. En nuestro afán de profundizar la alternancia, olvidamos las deudas históricas que tenemos pendientes con las y los periodistas. En especial, el contexto de violencia en que desempeñan sus actividades y que aún no hemos resuelto. Tengamos presentes las cifras.

De acuerdo con el reporte del Comité para la Protección de los Periodistas, en este 2020, en un contexto democrático, de un gobierno que se autodefine de izquierda, México se encuentra en el segundo sitio, de los 14 países con un mayor número de periodistas asesinados, solamente por debajo de Siria y por arriba de Iraq. Otras organizaciones han evidenciado las pocas garantías que en nuestro país se ofrecen para este oficio. Por ejemplo, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, que mide la “salud informativa” de distintas naciones, colocó a México en el lugar 143 de entre 180 países. Es decir, a 143 sitios de distancia de Noruega (primer lugar) y a solo 37 lugares de Corea del Norte (último sitio).

No obstante, si en brindar seguridad hacia el oficio y proveer garantías para su ejercicio estamos reprobados, el tema de homicidios es aún peor. Según la Reporteros Sin Fronteras (RSF), de 2006 a 2020, en México se ha registrado el asesinato de 91 periodistas como consecuencia del ejercicio de su profesión.

Por su parte, la organización Artículo 19 reportó 54 homicidios de periodistas durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012); 47, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y 13, en el transcurso del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Lo que arroja un resultado de 114 periodistas ejecutadas y ejecutados de 2006 a 2020.

Desde la alternancia de gobierno en el año 2000, y, por ende, desde nuestra inserción a la democracia, nuestra sociedad ha avanzado en libertades y derechos, como la libertad de expresión. Pero, en la práctica, esta no escapa de la coerción y la amenaza, ni se ejerce con derechos humanos y laborales plenos.

En un contexto de mayor pluralidad e independencia de los medios de comunicación, la prensa ha adquirido mayor autonomía en sus decisiones y políticas informativas. Pero, al mismo tiempo, se ha convertido en un blanco de las organizaciones criminales, por el mayor peso que han alcanzado sus denuncias de las actividades de estos grupos y de sus contubernios con las autoridades policiales y gubernamentales. En este nuevo arreglo institucional (el democrático), los medios de comunicación son factores cruciales de confrontación ideológica, son actores clave en la competencia política y electoral, y también son actores de denuncia.

La ganancia y la fortaleza que la prensa ha obtenido con el bono democrático ha coincidido con un clima de polarización política, indiferencia institucional y un contexto de lucha encarnizada entre organizaciones criminales que nada abona a su ejercicio. Seamos aliados de las y los periodistas; no, sus enemigos.

* Profesor-Investigador al Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede Región Centro

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