La prensa internacional volvió arremeter contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión por los cambios que ha hecho en el sector energético.
El 15 de mayo, sin haber consultado a los actores privados, la Secretaría de Energía publicó una nueva normativa para el sector eléctrico en México con la finalidad de garantizar la “confiabilidad del sistema” durante la pandemia. Esa reforma fortalece el control estatal y el uso de combustibles fósiles y pone un freno al desarrollo de las energías renovables, principalmente eólica y solar, perjudicando las inversiones de empresas europeas.
De manera inusual, la Delegación de la UE en México (a nombre de 19 de sus 27 Estados miembros) entregó una carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, donde manifestó su “profunda preocupación” por “las decisiones adoptadas en el sector de las energías renovables”. La representación diplomática advirtió que las nuevas reglas “impactarían negativamente” en 44 proyectos en 18 Estados de la República y pondrían en riesgo inversiones, incluyendo las europeas, por más de 6,400 millones de dólares.
Más allá de las múltiples acusaciones de abusos en que incurren en México las firmas europeas de esa industria, la brusca decisión del gobierno de López Obrador de prohibir nuevas centrales de energía renovable para beneficiar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que consumen un combustóleo caro y altamente contaminante que produce Pemex, contradice el espíritu y la letra del acuerdo que suscribió con la UE y que aun debe ser aprobado por los gobiernos y parlamentos de esa región.
En el artículo de opinión publicado este domingo en el Financial Times, el autor aseguró que tras los cambios hechos por el Gobierno Federal en el mercado energético, muchos inversionistas están tratando de protegerse para evitar pérdidas millonarias en México.
Jude Webber, el autor del artículo, aseguró que pese a que el T-MEC ha sido considerado por el presidente López Obrador como un mecanismo que provocará una avalancha de inversiones en el país, muchas de las empresas están buscando proteger sus inversiones.
Según el artículo, esto ocurre debido a los cambios en el sector energético que propuso el Gobierno Federal y que dejan a empresas de energías renovables sin la posibilidad de competir en el mercado y dando una preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “La medida tiene ramificaciones mucho más allá del sector eléctrico, ya que México se prepara para su recesión más brutal en décadas con hasta 2 millones de empleos en riesgo y la economía se reducirá aproximadamente un 8 por ciento este año”, detalla el texto.
También explica que pese a que el presidente López Obrador declaró que las inversiones extranjeras han aumentado un 1.7 por ciento en comparación con datos preliminares, la suma, en realidad, cayó un 26 por ciento según datos del Banco de México.
Respecto a los cambios de las reglas en el sector energético, el autor explicó que pese a que varias empresas buscaron medidas cautelares, el gobierno mexicano respondió con acciones legales propias por lo que las compañías están considerando demandar a México bajo el esquema del T-MEC y otros tratados de libre comercio. Dijo que pese a que el presidente ha declarado que no tiene nada contra las empresas de energías renovables, “sus acciones dicen lo contrario“.
El Financial Times citó a Daniel Sánchez, socio de la firma de abogados Baker McKenzie, quien aseguró al medio que “no puede haber un solo inversionista extranjero que no tenga miedo cada vez que quiera hacer un proyecto en México porque saben que no hay estabilidad en las reglas”.
El centro de investigación holandés Transnational Institute refiere que México, con más de 30 casos desde 1997, se encuentra entre los 5 países del mundo más demandados por inversionistas extranjeros en tribunales internacionales. Poco más de la mitad de los fallos han favorecido a los inversionistas privados.
Del total de las empresas demandantes, 7 fueron europeas (5 españolas y 2 francesas) que sustentaron sus quejas en los tratados bilaterales de inversión que sostienen con México. Por ejemplo, en 2009 la española Abengoa se fue a un arbitraje internacional por el cierre de una planta de residuos peligrosos en el estado de Hidalgo. El Estado mexicano terminó pagando 45 millones de dólares cuatro años después.
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