La nueva Ley de Educación de Puebla, que fue promovida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, da un mayor control al gobierno local sobre la educación privada en todos los niveles.
La normativa fue aprobada por el congreso estatal el pasado 15 de mayo, en su mayoría diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), sin previo análisis ni tomar en cuenta la opinión del sector.
Lo anterior significa que el gobierno local y la Secretaría de Educación Pública local pueden intervenir en los servicios y normativa interna de los servicios privados de educación. Esto incluye, por ejemplo, sanciones por la retención de documentos o la negativa de brindar educación.
Con la nueva ley se derogó la aprobada en marzo del 2000. Ésta fue enviada por el Poder Ejecutivo el 11 de mayo, y la Comisión Permanente la turnó a la Comisión de Educación para su estudio.
Instituciones, asociaciones y partidos políticos están en desacuerdo y, por ello, responderán por la vía jurídica, porque no fueron escuchados. La Federación para la Defensa de Escuelas particulares promoverán un amparo para las 25 instituciones afiliadas y el plazo para ejecutar dicha acción vence el 30 de junio.
José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, indicó para El Heraldo de México que el Consorcio Universitario y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer, pero no fueron escuchados.
En tanto, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, calificó que la ley tiene un “espíritu intervencionista”. Añadió para la misma publicación que es un ataque al sistema privado de educación.
Los partidos de oposición, PRI y PAN anunciaron que impugnarán la ley ante la Corte.
De acuerdo con el gobierno estatal, la ley tiene como objetivo someter a las escuelas públicas y privadas a proceso de rendición de cuentas, además de impedir abusos en cobro de cuotas, prohibir que se condicione la compra de uniformes y materiales, asimismo las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando un padre de familia lo solicite.
Las sanciones se estiman van de los 440,000 pesos y hasta los 870,000 pesos, si las instituciones educativas reinciden.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, indicó que la ley defiende la educación, ya que no es un negocio, “no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras". Lo anterior refiere a que en el sexenio pasado fueron utilizadas instituciones para el desvío de recursos públicos.
“Para nosotros la educación debe ser una actividad absolutamente democrática, absolutamente accesible que pueda ser vista como un derecho de toda persona, de todo ser humano”, indicó Barbosa Huerta, además la calificó como una norma avanzada en educación y en la que se respeta la autonomía de las universidades.
Por otra parte, las clases a nivel básico en la entidad se retomarán según la fecha que determine la SEP para comenzar el siguiente ciclo escolar. Cabe señalar que todos los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria fueron aprobados.
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