La nómina irregular en CDMX que inició con Mancera y provocó el arresto de su operador financiero, estaría vigente con Sheinbaum

El gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México habría incurrido en diversas irregularidades como la creación de una nómina que beneficia a 36 de los 40 secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de Ciudad de México (SutgCdMx).

De acuerdo con el periódico Milenio, se trata de la nómina 1184, la cual fue autorizada presuntamente de manera ilegal por funcionarios de la entonces Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino, según una denuncia presentada ante la Contraloría local.

Según la revisión que realizó el diario, el tabulador sigue vigente, pese a que forma parte de la denuncia contra diferentes ex funcionarios ligados a Miguel Ángel Vásquez Reyes, detenido la semana pasada acusado de actos de corrupción y malversación de recursos públicos, cuando fue operador político y financiero del entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

En la denuncia (de la cual el medio tiene copia) presentada el 23 de agosto de 2019, el tabulador fue autorizado “sin contar con el soporte documental y el fundamento jurídico que lo justifique” y benefició a 43 servidores públicos del gobierno capitalino.

Funcionarios cercanos a la denuncia aseguran que la nómina fue creada ex profeso para beneficiar, principalmente, a los líderes sindicales del gobierno de la Ciudad de México, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Milenio señala que la nómina 1184 forma parte del paquete de al menos tres tabuladores que fueron modificados entre 2017 y 2018 sin fundamento jurídico, con la intención de elevar el sueldo de un grupo de empleados públicos, quienes cobrarían sus nuevos salarios a lo largo de un año y después se jubilarían para percibir ese sueldo íntegro en su pensión.

La denuncia asegura que esas nóminas, presuntamente ilegales, ocasionaron severos daños a la hacienda pública de la capital.

Los tabuladores fueron aprobados por servidores públicos que trabajaron de cerca con Miguel Ángel Vásquez Reyes cuando fue subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, y que quedaron en ese cargo cuando él salió de la dependencia y fue nombrado coordinador del gabinete de José Ramón Amieva, quien suplió a Mancera.

Milenio precisa que la nómina 1184 fue autorizada por Antonio “N”, actualmente está preso y quien ocupó la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de Finanzas a la salida de Miguel Ángel Vásquez.

Ese tabulador asignó, sin fundamento jurídico, un sueldo mensual bruto de 23 mil 667 pesos a 43 servidores públicos, entre los que hay 36 líderes sindicales, dos ex policías judiciales y tres funcionarios menores, actualmente adscritos a la alcaldía Coyoacán.

El beneficio que implicó la creación del tabulador 1184 varía dependiendo el empleado, pues en algunos casos incluso triplicó el salario que venían percibiendo. Uno de los casos emblemáticos es el de una de las secretarias generales del SutgCdMx, María del Rocío “N”, empleada de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien antes del tabulador 1184 percibía 6 mil 442 pesos, pero que ahora recibe 24 mil 706 pesos al mes; es decir, tuvo un incremento de 283% de un año al otro.

La nómina 1184 no se aplicó a los líderes de las secciones sindicales 12, 13, 16, del sector Salud, y 24, de Conciliación y Arbitraje, los cuales, según datos oficiales, tienen salarios muy superiores a los que el tabulador ofreció.

Este martes, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Miguel Ángel Vásquez Reyes, ante la posibilidad de riesgo de fuga. Está acusado de delitos cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones.

Presuntamente, Miguel Ángel Vásquez y tres ex funcionarios más que también se encuentran presos, suspendieron el pago de las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE de la Caja de Previsión de la Policía (Caprepol) del 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2017, cuando Vásquez era presidente del Consejo, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más de 293 millones de pesos.

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