Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Fiscalía General de la República (FGR) dieran a conocer que tienen identificados a ocho grupos como los principales organizadores de las protestas y daños en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernestina Godoy, fiscal general en la capital, informó que de tener pruebas suficientes, se judicializarían las carpetas de investigación contra estos colectivos.
Estos procesos se realizarían a petición de las autoridades de la universidad, la cual también cuenta con información acerca de los grupos de encapuchados, así lo señaló Godoy al finalizar su comparecencia ante los legisladores de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.
“Si tenemos elementos, los vamos a judicializar, desde luego que sí”, comentó Godoy, quien también destacó el hecho de que este tipo de situaciones están influenciadas por grupos externos a los estudiantes con el fin de desestabilizar a la UNAM, “pues no es muy común”.
No obstante, a lo largo de la vida de esta institución, los problemas derivados de la influencia de grupos que no son propios de la universidad han sido algo recurrente. En una entrevista con el diario El Universal, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Hugo Sánchez Gudiño, explicó que la injerencia de este tipo de colectivos es parte de su historia.
“Las autoridades universitarias han actuado como si no supieran que grupos externos a la universidad han estado inmiscuidos en los movimientos como el que estamos viviendo hoy. (...) Es parte de su historia y si eso no se reconoce, difícilmente se podrá resolver el conflicto que vivimos actualmente”, comentó Sánchez.
Otro de los aspectos en los que Sánchez Gudiño puso mayor énfasis respecto al accionar de las autoridades universitarias es la falta de comprensión entre la Rectoría y la comunidad estudiantil, la cual ha provocado que sindicatos con corte académico influyan en las movilizaciones de los alumnos.
Por otra parte, la investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de la UNAM, Alma Maldonado, apuntó para el mismo medio que la universidad no puede ser considerada como algo aparte del país y, por lo tanto, “es innegable que ha habido involucramiento de grupos políticos, de intereses”.
Según las autoridades capitalinas, los grupos señalados son: Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquista (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Ocupado El Engrane, Okupa Ché, Cooperativa Café Victoria, Comparsa Chanti Ollin, Colectivo Reta y Colectivo Coordinador Estudiantil Anarquista.
De acuerdo con el seguimiento que han realizado las autoridades de investigación, las organizaciones están compuestas hasta por 1,000 integrantes; algunos se distinguen porque cuentan con “adiestramiento” de corte “anarquista” de universidades de Sudamérica.
Los líderes sudamericanos, quienes tienen el apoyo de ciertos estudiantes de Ciudad Universitaria, se alojan en el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, el cual se volvió símbolo de la huelga de 1999 y que fue tomado desde el 2000 por grupos disidentes.
Las autoridades lograron identificarlos desde la marcha #NoMeCuidanMeViolan. Entre los organizadores más radicales de estos grupos se encuentran ex militares, narcomenudistas, ciudadanos extranjeros, ladrones y ex profesores de Ciudad Universitaria.
La FGJ-CDMX y la FGR informó que estas personas son consideradas infiltradas en las marchas, agitadores violentos y hasta delincuentes de alto peligro cuando hay manifestaciones. Asimismo, mantienen relación con organizaciones como Antorcha Campesina, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Federación Libertaria de México, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, además de grupos porriles.
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