
En 2019 creció 71.37% el delito de extorsión en el Estado de México, particularmente en la modalidad de llamadas telefónicas.
De acuerdo con Maribel Cervantes, secretaria de seguridad de la entidad, 80% de esas llamadas se hacen desde cárceles en Ciudad de México.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 aumentó el índice general de delitos, pero la extorsión destacó de forma particular.
Esta modalidad de crimen incluye la vía telefónica, directa, el cobro de derecho de piso, secuestro virtual y fraude telefónico (cuando dicen que un familiar está grave y necesita una transferencia o que la víctima ganó un premio).

En 2018 se iniciaron 1,340 carpetas de investigación por este delito, sin embargo, para el año siguiente aumentó a 2,295. Los municipios con mayor número de casos son Ecatepec (294), Toluca (166), Naucalpan (150), Cuautitlán Izcalli (128) y Tecámac (97).
Cervantes Guerrero explicó que la estrategia con el gobierno de Ciudad de México es conformar un registro de números y voces de número de donde se realizan extorsiones.
También reconoció que en muchos casos con los familiares o personas cercanas a los convictos quienes ayudan para cometer estos delitos; en las visitas no sólo les llevan celulares, también droga y/o alcohol para traficar dentro del penal. Los presos los instruyen para que, en todo caso, realicen las llamadas desde afuera.
“Los familiares son cómplices de las organizaciones a las que pertenecen, que son: La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito o La Anti-Unión, no es que ellos sean la organización, sino que de acuerdo con las investigaciones y cómo está planteado en la carpeta de investigación, los presos están vinculados con estas células”, explicó Cervantes Guerrero al periódico El Universal.
El estudio que reveló cómo funcionan los “call-centers” en las cárceles

Un estudio realizado en siete cárceles mexicanas detectó que al año se realizaron en estos lugares 3,7 millones de llamadas desde teléfonos móviles con la intención de cometer algún delito, principalmente extorsión.
La cifra reveló que desde las cárceles se realizan al día un estimado 10.000 llamadas con fines delictivos.
Según cifras de 2016, el sistema penitenciario mexicano está integrado por 267 cárceles estatales y federales (máxima seguridad), por lo que la muestra se realizó sólo en una pequeña parte de los centros de reclusión.
El “Estudio Estadístico del Número de Terminales Móviles y de Llamadas de Móviles y de Casetas Telefónicas Públicas que Operan dentro de una Muestra de Penales (cárceles) en el país”, entregado al Senado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el regulador en la materia, detectó en los centros donde se hizo el seguimiento un total de 947 números “sospechosos”, que serían los utilizados para intentar extorsionar a la gente.
El estudio se dividió en cifras sobre telefonía celular y las relacionadas con llamadas que salen de teléfonos públicos ubicados en los penales.

La investigación se realizó durante tres semanas consecutivas en cinco prisiones estatales y dos federales con una población total de 20.000 reclusos, en este lapso se realizaron 219.700 llamadas con fines delictivos.
Para el caso de la telefonía móvil, señala que "el conjunto de equipos sospechosos en los siete penales, cuyo número varió cada semana, fue la fuente de 219 mil 700 llamadas en el periodo. Si se anualiza esta estadística, arroja una cantidad de 3.7 millones de llamadas".
En una de las cárceles federales medidas en la muestra se encontró que 18 usuarios de móviles realizaron más de 900 llamadas durante la segunda semana del estudio y uno solo realizó 2 mil 457 en las tres semanas que duró el análisis.
En el caso de las casetas telefónicas instaladas en las mismas cárceles, el seguimiento se hizo durante ocho semanas, y concluyó que durante ese tiempo se realizaron 544.000 llamadas. De éstas sólo una cuarta parte pudieron ser rechazadas, gracias a que cinco de los siete reclusorios contaban con dispositivos para alertar a los receptores que la llamada entrante se realizaba desde un centro penitenciario.
“Se confirma que hay una cantidad apreciable de equipos sospechosos en el conjunto de los penales de la muestra, y que incluso donde hay pocos equipos puede ocurrir una cantidad de llamadas con propósitos delictivos a lo largo del día, afectando a los usuarios y la calidad del servicio por las interferencias que generan los bloqueadores de señal instalados”, aclaró el análisis.
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