La extorsión es un delito que ha crecido rápidamente en México. Lo mismo lo cometen delincuentes que se encuentran dentro de los penales, que bandas de la delincuencia organizada o, incluso, imitadores que se hacen pasar por integrantes de algún cártel.

De acuerdo con el portal de La Silla Rota, durante los últimos años, cada siete minutos un mexicano recibió alguna llamada de extorsión a través del uso de 23,887 líneas de teléfonos celulares documentadas por la Policía Federal.

Pese a ello, sólo se han iniciado 154 averiguaciones previas o carpetas de investigación, lo que equivale al 0.027% de los 54,672 reportes que recibió la Policía Federal entre el 1 febrero de 2012 y el 30 de junio de 2019, según el documento consultado por ese medio,

El informe detalla que en 2012 se recibieron 70,933 denuncias; en 2013, 91,616; en 2014 subió a 115,475; en 2015 bajó a 57,114; para 2016 se registraron 57,141; 2017 ocurrieron 68,132; y en los primeros seis meses de 2019 se reportaron 28,135 casos de extorsión.

Los estados con el mayor número de reportes son: Estado de México con 126,299; Ciudad de México 124,935; Jalisco 42,890; Guanajuato 36,451; Veracruz 17,649; Michoacán 12,246; Morelos 10,249; mientras que en primer semestre de 2019 se reportaron sólo 15 casos.

El informe destaca que a pesar del alto número de denuncias recibidas, las investigaciones abiertas son pocas. En 2012 se iniciaron 24 indagatorias; en 2013, 33; en 2014 se aperturaron 26; en 2015, 18; en 2016 se investigaron 9 denuncias; en 2017, 18; mientras que en primer semestre de 2019 sólo se contabilizaron 15.

Intentan terminar con el delito

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El problema de las extorsiones fue reconocido por el presidente Felipe Calderón quien ordenó crear una ley para que se tuviera el registro de todos los usuarios de teléfonos celulares.

Fue así que se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), en el cual, a partir del 11 de abril de 2009, todos los clientes debían registrar su línea, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y Clave Única de Población (CURP).

El decreto también obligaba a las empresas de telefonía a crear un padrón de usuarios nombre, domicilio y huella dactilar). Diez meses después, sólo 20 millones de los 80 millones de líneas que había en el país, estaban registradas. Al cumplirse el año, las compañías se ampararon para evitar el registro.

En junio de 2010 se dio a conocer que la base de datos del Renaut era vendido en internet, por lo que el 2 de marzo de 2012, el ese entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, hoy INAI) ordenó la eliminación del Registro.

En el siguiente sexenio, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, la Secretaría de Gobernación anunció un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para lanzar una campaña de difusión de spots que alerten a la sociedad. Sin embargo, la estrategia no funcionó.

Luego de varios intentos infructuosos para terminar con este delito, como el bloqueo de la señal de celulares en los penales, las actuales autoridades federales anunciaron una nueva estrategia: el registro del chip. Esto ocurre luego de que se diera a conocer la extorsión de la que fue objeto la madre de la politóloga Denise Dreasser.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, existen casos "en los que se han utilizado hasta 17 celulares, uno por llamada, y lo tiran. Nada más que cuando lo tiran perdemos la geolocalización que es imprescindible para actuar en contra de los criminales”, señaló.

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