Narcoterrorismo, ese fue el concepto usado este miércoles por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para referirse a la ola de violencia que azota la región.
“Hay situaciones que se están generando de violencia, como se han suscitado aquí (Nuevo Laredo). Es el comportamiento de criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico, la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror. Su comportamiento es de narcoterrorismo” dijo este miércoles durante una conferencia de prensa.
La frase de gobernador ha vuelto a abrir un viejo debate nacional sobre el uso del concepto y su reconocimiento gubernamental.
En 2002, la Administración para el Control de Drogas (DEA) definió el narcoterrorismo como “un subconjunto de terrorismo, en el que grupos terroristas, o individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, fabricación, transporte o distribución de sustancias controladas, así como el dinero derivado de estas actividades”.
Para el gobierno estadounidense, los narcotraficantes adoptan tácticas terroristas para promover sus fines; infundiendo terror entre la población. Bajo esta lógica, diversos analistas han asegurado, desde hace más de una década, que México vive una situación de narcoterrorismo.
Las matanzas sistemáticas de familias a lo largo del país son un claro ejemplo. En la mayoría de los casos, los agresores han sido vinculados a bandas del crimen organizado. En medio de la guerra contra el nacotráfico, la masacre de familias enteras se ha convertido en una práctica recurrente entre el narco para controlar las zonas de tráfico, amedrentar grupos rivales y controlar a las comunidades en los territorios donde operan.
El terror como estrategia les ha resultado útil a los criminales, y desde la perspectiva estadounidense, ha logrado desestabilizar a países de “vital interés”. Ya en 2011, EEUU aseguraba que, sin importar si se deseaba contrabandear extranjeros o nacionales para ingresar ilegalmente a su país, o trasladar armas de alto calibre para grupos terroristas, o mover cocaína, las rutas eran las mismas. De ahí que las líneas entre terrorismo y narcotráfico se hayan ido desvaneciendo.
En febrero de 2018, el artículo “Tácticas terroristas de organizaciones criminales: el caso mexicano en contecto”, sostuvo la tesis de que el país ha experimentado tácticas terroristas por parte de organizaciones criminales, lo que supone que, mientras los perpetradores son considerados y tratados como un grupo criminal simple, al menos una parte de la violencia a la que someten a la población, cumple parcialmente los criterios para ser definida como terrorismo.
“Coches bomba lanzando metrallas a través de zonas urbanas abarrotadas, detonadas de forma remota por teléfono celular. Cuerpos torturados con mensajes amenazantes para el público o el gobierno. Políticos abatidos por su trabajo. Estas escenas pueden evocar a los días en Siria o Afganistán, o Irlanda del Norte durante Los Problemas, pero han ocurrido en los últimos años en México, donde las organizaciones criminales luchan contra el gobierno y entre sí por el lucrativo mercado de drogas con destino a los Estados Unidos”, señala el artículo.
Diversos autores insisten que los narcotráficantes deberían ser etiquetados como grupos terroristas, pues la actuación de la justicia bajo este concepto disminuiría la probabilidad de que estos miembros escapen y se vuelvan a involucrar en el “narcoterrorismo”.
El debate persiste ante un gobierno federal que por años ha negado la existencia de este tipo de grupos en el país, incluso en plena guerra contra el narcotráfico, con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por esos años, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón, expuso los tres escenarios contemplados por el gobierno, los cuales eran:
- Ataques de delincuentes contra delincuentes en la disputa por rutas de tráfico o territorios
- Agresiones de bandas contra autoridades para evitar su persecución.
- Ataques de delincuentes contra la población civil.
Las masacres, informadas constantemente por los medios de comunicación, dan una idea de la estrategia de intimidación que emplea el narco en México, sin embargo, no hay estudios victomológicos que le den un sustento científico. Más aún, se desconoce el porcentaje de las muertes en cada escenario.
El actual discurso del gobierno federal se aleja de la vieja guerra contra el narcotráfico impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN). Así que en enero de 2019, a escasos meses de haber asumido la presidencia, López Obrador declarara que oficialmente, esa guerra había terminado. “Oficialmente ya no hay guerra, nosotros vamos a conseguir la paz”, dijo.
Pese a los más de 26,000 muertos que se han registrado en 2019 y los episodios violentos contra la población civil (como la masacre de la familia LeBarón), el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a cambiar la estrategia de seguridad. "Declaramos la guerra y no funcionó, enlutamos México, esa no es una opción, esa estrategia falló”, dijo el 5 de noviembre, luego de que Donald Trump le ofreciera ayuda para combatir al crimen organizado en el país.
Mientras el mandatario se rehúsa a hacer un viraje en su estrategia de seguridad, la población civil, gobiernos extranjeros y políticos nacionales cuestionan la realidad nacional. El último caso fue el del gobernador de Tamaulipas, quien este miércoles hizo un llamado al gobierno federal para enfrentar a los "enemigos” del Estado.
“La actitud que vimos hace unos días de bloqueos, donde utilizaron los vehículos y a los ciudadanos, como escudos, donde hubo violencia directa hacia ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma que de narcoterrorismo", declaró.
El gobernador aseguró que Tamaulipas actuará en consecuencia, “con toda firmeza y determinación” para lograr la pacificación de la entidad.
“Los enemigos de México no son los que estamos generando e impulsando el desarrollo y la riqueza, son los violentos, son aquellos que secuestran, son aquellos que usan la violencia para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas, para tener sometido a un estado y una nación”,
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