Cancillería pagó millones de pesos en seguros médicos privados, confirmó Marcelo Ebrard

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pagó más de 200 millones de pesos en servicios médicos privados a trabajadores, aceptó Marcelo Ebrard, canciller mexicano durante la conferencia matutina.

El diario Reforma dio a conocer que existen facturas de hasta 20,7 millones de pesos a empresas como Allianz Care, Metlife, GNP, Seguros Banorte y Axa, compañías aseguradoras que otorgan este tipo de servicios. El diario realizó 30 solicitudes de transparencia para poder recibir los documentos. Esto provocó revuelo ya que Andrés Manuel López Obrador canceló este tipo de beneficios a funcionarios públicos por su plan de austeridad republicana.

Sin embargo, Ebrard dijo que los pagos se realizaron para dar atención al servicio diplomático en el extranjero “Están en el exterior, es una salvedad que se hizo, no puedes tener mexicanos en el exterior que no están cubiertos porque allá no tienen seguridad social", dijo el funcionario en la conferencia matutina de gobierno el 11 de octubre.

Y agregó que también se cubre a personal local, ya que se tiene la obligación de darles ese servicio en el lugar en que se contrate.

Pero esta no es la única institución con documentos que confirman que continúan con este tipo de servicios. Otra es el Poder Judicial de la Federación, quien reportó haber gastado 1,088 millones de pesos en esta clase de beneficios. Aunque la dependencia señalo que ese gasto, a pesar de ser en el 2019, proviene de uno firmado en 2017 que tenía un valor de 2,000 millones de pesos. La mitad se pagó el año pasado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) también tiene contratos por seguros médicos que tienen valor de 81,9 millones de pesos. Igualmente, el Colegio de Posgraduados, quienes han ganado 35,.8 millones por el mismo concepto durante este año.

La austeridad republicana de AMLO

Durante su campaña a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió que recortaría los gastos del gobierno para que el dinero recaudado fuera destinado a programas sociales y a su lucha contra la corrupción.

El 30 de abril de este año, ya como jefe del Ejecutivo, se remitió a la Cámara de Senadores el expediente de la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley General de Austeridad Republicana. Los legisladores la aprobaron el 2 de julio.

“Los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresa productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, dice la minuta en el artículo 4, Apartado I.

También plantea que los gastos en luz, viáticos, transporte, telefonía, mobiliario, papelería, alimentación, pasajes, combustibles, equipo de telecomunicaciones, entre otros, sea reducido.

Además, a los trabajadores se les prohibió contratar seguros de ahorro con recursos del Estado. Mientras que a altos mandos se les quitó seguro médico, de vida y gastos mayores. Las plazas de nivel Dirección General Adjunta que no ejercían facultades contempladas en la ley, fueron canceladas.

A junio del 2019, 21 mil 727 trabajadores fueron removidos de su puesto. Alrededor de 20% de los despidos fueron de la Secretaría de Atención Tributaria (SAT), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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