Una vez más, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró irregularidades en los gastos realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en materia de reconstrucción en la Ciudad de México a los inmuebles dañados por el terremoto del pasado 19 de septiembre del 2017.
En su segundo Informe Parcial de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, se recomendó al Congreso local revisar seis de los 17 expedientes de edificaciones que cuentan dictamen de inmuebles no habitables y que no pueden ser rehabilitados, ya que encontraron que a los dueños se les entregó ayuda monetaria, a pesar de que no contaban con los requisitos necesarios para recibirla.
Estas seis entregas en total sumaron 1.970,6 millones de pesos, que fueron dados a ciudadanos que no acreditaron que necesitaban el dinero por daños a su propiedad. Además, recibieron incremento de 35% al apoyo, según la ASCM.
“La Seduvi contó con la autorización de su titular para ejercer los recursos del rubro en revisión; que las ayudas se sujetaron a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad; sin embargo, (...) la dependencia tramitó y entregó ayudas económicas a seis personas que no cumplieron la totalidad de los requisitos para su asignación, lo que derivó en el otorgamiento de un incremento de hasta 35 por ciento de potencial constructivo”, dictó la Auditoría.
El organismo también indicó que hubo 12 beneficiarios que la Seduvi no vigiló para comprobar que aplicaron los recursos que se les dieron. La suma del dinero no comprobado asciendió a más de 14 millones de pesos.
La ASCM consideró que la Seduvi recayó en prácticas ilegales “no realizaron sus actuaciones en apego a la legalidad, pues con los resultados obtenidos en los momentos contables del gasto comprometido y devengado, se observó que las operaciones no estuvieron documentadas o autorizadas”, anotó la institución en el informe entregado al Congreso el jueves 31 de noviembre.
Esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en los gastos realizados por la reconstrucción de la Ciudad de México. Tres ex funcionarios que estuvieron en la institución durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, son perseguidos por haber desviado apoyos de esta institución.
El 16 de octubre, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, informó al respecto: “Hay órdenes de aprehensión contra funcionarios de la administración pasada (...) es el anterior secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el ex comisionado para la Reconstrucción y el anterior secretario de Obras, en ambos casos está documentado el mal uso de recursos de la reconstrucción”.
Los nombres de los perseguidos son Felipe de Jesús Gutiérrez, Edgar Tungüí y Ricardo Becerra. Son acusados por uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por agravio a la hacienda pública por daño con valor de 48 millones de pesos. Este dinero debió haber sido utilizado para la reconstrucción.
Al primero también se le busca en Hidalgo y el Estado de México. Mientras que contra Tungüi y Becerra se emitieron fichas rojas en la Interpol, pues se sospecha que han salido del país.
En total, en la Ciudad de México 5.765 viviendas resultaron dañadas. De ellas, 2.723 fueron pérdidas totales y el resto sufrieron estragos parciales. Según la página de reconstrucción del gobierno capitalino, hasta septiembre del 2019 han sido rehabilitadas 175 viviendas unifamilares, 2 multifamiliares, y reconstruidas 18 unifamiliares y 1 multifamiliar.
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