El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que no volverá a ocurrir una represión como la que vivió Nochxitlán el 19 de junio de 2016 cuando ocho personas fueron asesinadas y casi 200 resultaron heridas a manos de policías federales.
“En el caso de Nochixtlán no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia. Nosotros estamos aplicando una política distinta. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. El Presidente nunca le va a dar la orden al Ejército de reprimir al pueblo, no vamos a enfrentar a hermanos con hermanos”, explicó durante su visita a este municipio oaxaqueño.
Ante la exigencia de justica por parte de los familiares de las víctimas, López Obrador señaló: “a tres años (de la masacre) todavía se recuerda, hay víctimas. A todos ellos se les va a apoyar. Ya di la instrucción de que se apoye a todas las víctimas y se va a cumplir. Hay cosas que tardan y ustedes lo saben. El gobierno que nos dejaron es como un elefante echado, reumático y mañoso. Entonces primero hay que pararlo y luego hay que empezar a empujar. La justicia tarda pero llega cuando hay voluntad”.
Y agregó: “estamos absolutamente convencidos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego; no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esa es nuestra filosofía, nuestra doctrina”.
El domingo 19 de junio de 2016, policías federales y estatales llegaron al municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca debido a que los gobiernos del estado de Oaxaca y el Federal realizaron un operativo conjunto, con el fin de retirar el bloqueo que durante una semana había impedido el paso de la carretera federal que comunica la Ciudad de Oaxaca de Juárez con la Ciudad de México.
El bloqueo carretero era parte de las acciones emprendidas por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tras la detención de dos de sus principales líderes para exigir la liberación inmediata de los detenidos, y también se manifestaban en contra de la implementación de la reforma educativa aprobada en el año 2013. Los maestros fueron apoyados por los habitantes de Nochixtlán.
Los elementos de la Gendarmería, así como de la policía estatal de Oaxaca arremetieron con armas, gases lacrimógenos y toletes contra los manifestantes matando a ocho y dejando heridos a casi 200, 84 de los cuales tenían heridas de bala.
Según la versión difundida por el gobierno del Estado, la policía inició el operativo de liberación carretera de forma pacífica; sin embargo, los elementos fueron agredidos por un grupo de personas no identificadas quienes detonaron armas de fuego en su contra y en contra de la población civil.
El secretario de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, Jorge Ruiz, aseguró que el uso de la fuerza tenía como único objetivo repeler la agresión a la que los elementos policiales estaban siendo sometidos y a la necesidad de protección de los civiles que se encontraban en la población. Es decir, agregó, que fue un ejercicio estrictamente necesario. Sin embargo, testigos civiles desmintieron esa versión oficial asegurando que, desde el inicio, el operativo fue ejecutado de forma violenta.
En octubre de 2018, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó una Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, por los hechos ocurridos en Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el estado de Oaxaca.
El Ombudsman nacional aseveró que elementos de la Gendarmería, así como de la policía estatal de Oaxaca incurrieron en graves violaciones a derechos humanos al utilizar de forma excesiva el uso letal de la fuerza, que derivó en la muerte de ocho personas.
González Pérez agregó, entonces, que el operativo para liberar vialidades no fue debidamente diseñado, preparado, coordinado e instrumentado, ni se observaron plenamente los protocolos de actuación, sobre todo por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y la necesidad de priorizar mecanismos y técnicas no violentas antes de utilizar la fuerza contra la población.
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