Reginaldo Esquer, presidente de la comisión fiscal de la Coparmex, participó en una conferencia de prensa conjunta con Luis Curiel, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y Arturo Pueblita, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (Foto: Cuartoscuro)
Reginaldo Esquer, presidente de la comisión fiscal de la Coparmex, participó en una conferencia de prensa conjunta con Luis Curiel, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y Arturo Pueblita, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (Foto: Cuartoscuro)

El sector privado de México censuró las reformas diseñadas para combatir la defraudación fiscal, evitar la emisión de facturas falsas y la existencia de empresas fantasma, las cuales facultan al gobierno a realizar escuchas telefónicas, embargo de bienes y la prisión preventiva.

Reginaldo Esquer, presidente de la comisión nacional fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anticipó que dicha organización empresarial acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a organismos internacionales de derechos humanos, para refutar la constitucionalidad de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Explicó que el litigio estratégico que tienen proyectado consiste en promover un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito, el cual pasará por un tribunal colegiado como aduana intermedia hasta llegar a la SCJN, para que sea el máximo tribunal de justicia de México el que realice el análisis de constitucionalidad de las reformas que este martes aprobó la Cámara de Diputados.

El sector patronal sostuvo que las escuchas telefónicas, el embargo de bienes y la prisión preventiva son una violación flagrante a los derechos humanos, porque dañan la presunción de inocencia y afectan la seguridad jurídica de ciudadanos y empresarios, por lo que también recurrirán a organismos internacionales para defender los derechos humanos de los contribuyentes de México.

“Con esta reforma, los buenos empresarios podrían ser procesados y amenazados por ser parte de la delincuencia organizada. Es una nueva era de terrorismo fiscal. Hicimos un esfuerzo de diálogo pero no pudimos influir en el gobierno ni convencer a los legisladores. Fuimos presa del atole con el dedo”, señaló Reginaldo Esquer.

Luis Curiel, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, detalló que una vez publicadas las reformas legales en el Diario Oficial de la Federación (DOF) iniciará la presentación de amparos y confió que tanto ciudadanos, como personas morales harán valer sus derechos humanos.

“Es una lástima que cuando lo que se necesita es seguridad jurídica, los empresarios se vean en la necesidad de defender sus derechos, en lugar de concentrarse en la inversión productiva”, subrayó.

Arturo Pueblita, presidente de la Academia Fiscal Mexicana, sostuvo que no existen razones suficientes para justificar que las personas físicas y morales reciban el mismo tratamiento de “terroristas” y “narcotraficantes”, en lugar de ser asistidos como contribuyentes cumplidos, honestos y de buena fe.

Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada generará temor entre las empresas formales establecidas en México.

En un comunicado de prensa del CCE, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, los empresarios refirieron que la prisión preventiva y el embargo de bienes que avalaron los legisladores son “actos arbitrarios de la autoridad”, que ponen en peligro su integridad personal y sus bienes.

Durante los últimos 10 días, el sector privado sostuvo varios encuentros con funcionarios del gobierno mexicano, así como con diputados federales. En dichos encuentros, los empresarios señalaron sus inquietudes en torno a las reformas fiscales en proceso y plantearon una serie de propuestas que incluían sanciones a la emisión de facturas falsas y la existencia de empresas fantasma, sin conculcar los derechos humanos de personas físicas y morales.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador justificó las reformas a varias disposiciones legales, en materia de defraudación fiscal, con dos argumentos centrales: El primero es que las las finanzas nacionales han tenido pérdidas por MX 2 billones, debido a la defraudación fiscal y la emisión de facturas falsas. El segundo es el hallazgo de más de 9 mil empresas de facturación y operaciones inexistentes, por lo que se han bloqueado 133 cuentas, por un monto de MX 4,347 millones.

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