La ofensiva de AMLO contra los evasores fiscales paralizó la actividad empresarial, se quejan banqueros e industriales

La estrategia prevista por el gobierno mexicano para combatir la evasión, el fraude y la elusión fiscal sigue provocando fuertes críticas de empresarios e industriales.

Armando Santacruz, director ejecutivo de Grupo Pochteca, sostuvo que la prisión preventiva y la confiscación y venta de activos antes de una condena son medidas “represivas”, que amenazan con tratar a los evasores como “narcotraficantes”.

“Este gobierno piensa que todos los empresarios son gángsters. Así nos tratan, con el pretexto de la cruzada nacional contra la corrupción que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Armando Santacruz en una entrevista publicada por Financial Times.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México se refirió a la estrategia gubernamental para eliminar las más de 8,500 empresas factureras que emiten comprobantes fiscales falsos, por alrededor de 25,000 millones de pesos mexicanos en ingresos perdidos.

"Están eliminando el derecho a la libertad, a la propiedad, a una audiencia, un juicio justo y la presunción de inocencia que podría conducir a incautaciones arbitrarias de activos y a la congelación de cuentas bancarias basadas en suposiciones en lugar de hechos, por lo que los propietarios de negocios pierden el control de sus empresas, antes de ser declarados culpables”, dijo una horas después de la reunión de AMLO con empresarios en la que aseguró que “las relaciones son inmejorables”.

En la recta final de la discusión en el Congreso mexicano, para aprobar el paquete económico 2020 antes del 15 de noviembre, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que sería “muy fácil criminalizar a una empresa que cometió un error” y encerrar a los ejecutivos en las principales cárceles de seguridad “como si pertenecieran a un cartel [de drogas]”.

En el reportaje publicado por Financial Times, también se incluyeron las opiniones de Alejandro Armenta, quien es senador por el partido gobernante denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El legislador afirmó que las sanciones penales sólo serán automáticas para los estafadores a gran escala y justificó la severidad de las medidas contra las compañías que venden facturas de impuestos a clientes que las usaron para evadir impuestos.

“No es [una medida] contra la gente de negocios. No es terrorismo fiscal porque de 2014 a 2019, se crearon más de 8,000 compañías que venden facturas y emitieron 9 millones de facturas falsas, estafando más de 350 mil millones de pesos [en impuestos]”, dijo tras considerar criminal la evasión de impuestos en un país donde la mitad de su población vive en condiciones de pobreza.

Valeria Moy, la directora del colectivo de investigadores, académicos y expertos en economía y política denominado México, ¿Cómo Vamos? destacó que los nuevos esquemas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que plantea el proyecto gubernamental para las ventas de catálogo y los arrendamientos, alentarán la economía informal.

“¿Cuál es el incentivo para volverse formal si vas a convertirte en el enemigo público número uno? La gente preferirá seguir en la economía informal para evitar el radar del Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, y puntualizó que más de la mitad de la economía en México no paga impuestos, por lo que los ingresos fiscales sólo son del 13 % del producto interno bruto, “peor que los vecinos más pobres como Honduras y El Salvador, según el Banco Mundial”.

La publicación de Financial Times cita a un “alto exfuncionario del gobierno mexicano”, quien le advirtió que se trata del “principio del fin de la propiedad privada en México...e imagínense en un país como México cómo se podría abusar de estos poderes radicales para extorsionarlos. El precio de las demandas de extorsión se disparará”, apunta el diario.

Armando Santacruz, quien también es cofundador de la organización civil México Unido contra la delincuencia, comentó que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue blanco de auditorías fiscales después de exponer escándalos de corrupción.

Agregó que todos sus casos los ganó en los tribunales, pero advierte que las cosas hubieran sido diferentes, si le hubiesen aplicado las reglas que ahora propone el gobierno de López Obrador.

“He tenido 100 auditorías y en 99 de ellas planteé objeciones", dijo el Sr. Santacruz. “Con estos nuevos criterios, sería la cárcel y la confiscación de activos incluso antes de la condena. . . Este gobierno piensa que todos los empresarios son gángsters. Así es como nos tratan ".

La semana pasada, el gobierno mexicano reveló una lista de contribuyentes que fueron beneficiados con exenciones fiscales. La lista incluyó a empresarios, artistas, deportistas y políticos,como Yeidckol Polevnsky -presidenta del partido Morena que postuló a AMLO en la elección presidencial-.

La información que publicó la organización FUNDAR señala que Yeidckol Polevnsky recibió un beneficio fiscal por MX 800,000 en 2013. Ella aseguró que fue “un error de su contador”.

Armando Santacruz señaló, finalmente, que los planes fiscales para 2020 incluyen sanciones fiscales que escalan hasta el director ejecutivo, por lo que las empresas y corporaciones están cambiando a Estados Unidos su estructura corporativa.

“Imagina que te ofrecen el puesto de CEO de Audi México, pero luego te dicen que serás responsable de los impuestos; yo diría, envíeme a Brasil”.