Diputados aprobaron Ley General de Educación que dará mayor poder a maestros y padres de familia

Luego de una acalorada discusión y en medio de jaloneos por parte de los diferentes partidos políticos en la Cámara de diputados, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Educación y que abroga la Ley de Infraestructura Física Educativa, una de las tres leyes reglamentarias de la Reforma Educativa que son discutidas en el Congreso.

La votación terminó con 285 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, dicha ley contiene 181 artículos y 17 transitorios agrupados en 11 títulos.

El dictamen se aprobó luego de casi nueve horas de discusión, entre gritos, reproches, tomas de tribuna, recesos, pancartas y mantas en las escalinatas de la Presidencia. Los diputados avalaron el primero de los tres dictámenes de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa, aprobada desde mayo pasado.

En la nueva Reforma Educativa se mantiene un artículo que señala que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 de la Constitución, Apartado B, lo que significa que podrán disponer de 50% de las plazas vacantes y de nueva creación.

Sin embargo, para asegurar que no haya venta de plazas docentes, se agregó un transitorio que dice lo siguiente: "Con fundamento en este decreto, al admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado".

Al inició de la sesión, las bancadas de oposición presentaron diversas mociones suspensivas que fueron rechazadas por la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ante lo cual decidieron tomar la tribuna para insistir en la suspensión del debate.

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El nuevo dictamen señala que la norma garantizará el derecho a la educación, reconocido en el Artículo Tercero Constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de las personas.

Indica que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actos involucrados en el proceso educativo y en general, de todo el Sistema Educativo Nacional.

La legislación busca establecer los principios rectores de la educación en México, así como la doctrina de la Nueva Escuela Mexicana, a través de la cual el Estado mantendrá la rectoría del Sistema Educativo Nacional.

Mientras que en los planes de estudio, la normatividad destaca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) los desarrollará tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa local y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (que sustituye al INEE).

Otro capítulo que se destaca es el de la educación indígena, la misma que deberá garantizar el Estado al mismo tiempo que respetará los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades originarias indígenas y afromexicanas.

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La nueva norma resalta como punto central que el maestro es prioridad en el Sistema Educativo Nacional, así como las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital.

La norma precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

"Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño", apunta.