Fallida emboscada del Cártel del Noreste a militares: abatieron a tres de La Tropa del Infierno

La violencia en Tamaulipas está incontenible, las calles se han convertido en escenario de refriegas entre civiles armados y autoridades.

Después de una cruenta jornada que terminó con el bloqueo de la carretera Reynosa – San Fernando, la noche del jueves otro enfrentamiento dejó tres muertos y dos detenidos en Nuevo Laredo.

Supuestos integrantes del Cártel del Noreste intentaron emboscar a militares y policías estatales en dos hechos diferentes.

En un primer incidente a la altura de la colonia Hidalgo la policía estatal fue objeto de disparos de un grupo de sujetos no identificados. Por el hecho no hubo detenidos.

Los automóviles de los agresores que terminaron involucrados en un choque vial y fueron abandonados estaban rotulados con la leyenda "Tropa del Infierno Cártel del Noreste".

El gobierno de Tamaulipas informó que después de ese suceso, militares fueron emboscados por otro grupo de civiles. Al repeler la agresión dieron muerte a tres y arrestaron a otro par.

Los choques entre autoridades y miembros del Cártel del Noreste se han incrementando en los últimos días. Actualmente hay una investigación por una presunta ejecución extrajudicial.

Los policías relacionados con la muerte de 8 personas identificadas como integrantes de "La tropa del Infierno", brazo armado del Cártel del Noreste el pasado 5 de septiembre durante un aparente enfrentamiento en la colonia Valles de Anáhuac, en la ciudad de Nuevo Laredo, fueron suspendidos de manera temporal.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que la Dirección de Asuntos Internos procedió a "suspender temporalmente" a los elementos con la finalidad de facilitar las investigaciones.

Esto ocurre después de que el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, recabó videos y testigos que aseguran que el presunto enfrentamiento fue, en realidad, una ejecución extrajudicial.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca señaló a través de su cuenta de Twitter que recomendó a la Fiscalía del estado solicitar la ayuda del FBI de Estados Unidos para revisar el caso.

"He sugerido al Fiscal que solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales, para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones", escribió el mandatario local, escribió.

En un segundo mensaje, el gobernador señaló "cumpliremos con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En caso de que las investigaciones concluyan en responsabilidad de funcionarios estatales, se actuará con toda la fuerza de la ley.

El caso

El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un operativo de seguridad en Nuevo Laredo, en el que abatió a tres mujeres y cinco hombres, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como La Tropa del Infierno y brazo armado del Cártel del Noreste. Además reportó el aseguramiento de varias armas y una camioneta con blindaje artesanal.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, recabó videos y testigos que aseguran que lo ocurrido fue, en realidad, una ejecución extrajudicial y el operativo, un montaje.

Un informe obtenido por Milenio Noticias, muestra que el día del supuesto fuego cruzado, siendo las 07:43 horas, Eladio Martínez, comandante del área de grúas y vialidad en la ciudad fronteriza, recibió una llamada telefónica, ordenándole enviar una unidad a la calle Francisco I. Madero, casi esquina con Carlos Ozuna.

De inmediato, fue enviado un conductor de nombre Ramón, quien dijo que a las 08:00 horas, llegó con su grúa a la dirección solicitada. Ahí, se encontraba una camioneta pick up negra y elementos de la Policía Estatal.

Los agentes se le acercaron y le ordenaron enganchar la camioneta. El hombre preguntó si se llevaría a la FGR, entonces fue intimidado: le tomaron una foto a su gafete y le aseguraron que irían por él si decía algo.

El conductor accedió a trabajar y llevó la unidad frente a una casa de la avenida 7.

En la zona, los uniformados irrumpieron la vivienda número 902, localizada en la Avenida 7. En ella, sólo vivían Severino Treviño, ex empleado de una empresa refresquera, su hija Kasandra y el bebé de ésta.

Los tres se encontraban en casa, cuando elementos estatales entraron por la fuerza.

En su testimonio, Kasandra aseguró que por tener a su hijo en brazos, le perdonaron la vida esa mañana.

"Estábamos dormidos, cuando de repente tumbaron la puerta, y mi papá corrió con nosotros, pero lo regresaron a golpes pa'tras. Cinco policías se metieron conmigo al cuarto y me dijeron que me tapara y no los mirara a la cara, y a mi apa' lo tenían afuera", señaló la joven a Noticieros Televisa.

Kasandra continúo con su relato y detalló que los agentes con armas largas no se identificaron ni mostraron orden de cateo para entrar al domicilio. En tanto, su padre fue sacado de la casa en playera y chanclas y lo vistieron con uniforme militar.

La joven aun recuerda con lujo de detalle aquella tragedia: "Yo vi cuando le pusieron el pantalón, las botas y un casco, de la misma forma en que apareció muerto".

Pero no sólo fue Severino. Los testigos advierten haber visto llegar vehículos blindados en los que viajaban siete personas con la cara cubierta y esposadas, las cuales, después fueron ingresadas al domicilio.

Los vecinos nunca escucharon ráfagas, sino sólo disparos aislados. Además, no encontraron marcas de impactos de bala en otras casas o en las calles.

Información recabada, señala que siete de las personas levantadas fueron sacadas de Héroes de Nacataz, colonia Buenavista. Una de las personas era Jenifer, estudiante del Estado de México y recién llegada a Nuevo Laredo con su novio. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Otra chica, que de acuerdo a las autoridades estatales era parte del grupo criminal era Juana Yetzel, sexoservidora de 20 años y con dos hijas, que llegó proveniente de frontera Coahuila.

Una persona más habría sido sacada de un domicilio ubicado en Jesús Guajardo 649. La víctima fue identificada como Fernando Hernández, de 19 años.

Los testigos señalan como responsables a elementos de la Policía Estatal.

El Comité de Derechos humanos envió copia de las pruebas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que exigió una investigación inmediata y protección a los familiares de las víctimas.

La versión oficial

La tragedia comenzó en la mañana del 5 de septiembre, cuando elementos de la Policía Estatal reportaron que delincuentes, que vestían uniformes apócrifos de la Marina y el Ejército. los emboscaron en la colonia Valles de Anáhuac mientras realizaban rondines de vigilancia.

Según el testimonio de los uniformados, al ver la presencia policial, los agresores dispararon contra éstos, pero sobrevino la reacción y optaron por huir en una camioneta gris oscuro tipo pick up.

La persecución y tiroteo terminó en la Avenida 7 en una casa habitación marcada con el número 902, donde pretendieron refugiarse los gatilleros.

El chofer quedó abatido en el asiento de la camioneta y dos hombres más quedaron sin vida en la banqueta. Luego enfrentaron a cinco sujetos más en el interior del domicilio, quedando muertos dos hombres y tres mujeres.

La policía reportó que los occisos vestían uniformes apócrifos de la Marina Armada y del Ejército Mexicano.

Versiones encontradas

La versión sobre una ejecución extraoficial fue rechazada por algunos pobladores de la entidad, quienes reconocieron que los testigos son supuestos familiares de los líderes del Cártel del Noreste.

Hace meses, el presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas, Jesús Raymundo Ramos Vázquez fue acusado de proteger a sicarios del Cártel del Noreste. Según informes, el comisionado criminaliza a las fuerzas armadas para sacarlos del estado.

Entre la lista de acusaciones también se encuentran los supuestos pagos que el cártel de Los Zetas realizó a organismos de Derechos Humanos de la entidad, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo, para la promoción de denuncias contra la Marina y el Ejército por supuestas desapariciones de jóvenes.