El conflicto por los gasoductos entre el Gobierno y las compañías podría resolverse esta semana

México podría llegar a un acuerdo con los operadores de gasoductos de gas natural en el país el jueves, lo que pondría fin a un conflicto de seis meses que ha sacudido la confianza de los inversionistas en el país y amenaza con interrumpir el suministro de gas natural a mediano y largo plazo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de prensa del lunes que las negociaciones con las compañías estaban en curso y que probablemente entregaría buenas noticias pronto.

"Sigue la negociación con las empresas que recibieron los contratos para la construcción de las tuberías. Es posible que esta semana se llegue a un acuerdo. Las compañías aceptaron el diálogo y la revisión de las condiciones", dijo López Obrador. "Hay un buen ambiente en las conversaciones. Espero lo podemos firmar el jueves, ojalá y se pueda, porque hay muy buen ambiente".

López Obrador criticó a Grupo Carso SAB, de Carlos Slim, Infraestructura Energética Nova SAB y TC Energy Corp en febrero, cuando dijo que siete gasoductos en todo México estaban detenidos a pesar de que el gobierno seguía pagando renta por su uso. Luego se incluyó a Fermaca dentro de los operadores en conflicto.

La compañía eléctrica estatal de México, conocida como CFE, presentó seis reclamaciones de arbitraje preliminares en Londres y una en París dirigidas a gasoductos de gas natural en construcción, entre otros. En junio, México detuvo la puesta en marcha del gasoducto de gas natural Sur de Texas-Tuxpan de US$2.500 millones y presentó una solicitud de arbitraje para que los propietarios reembolsen las tarifas de capacidad.

Pelea de gasoductos ensombrece proyectos cruciales en México

En el centro de la disputa con empresas como TC Energy Corp. de Canadá, están contratos del tipo "tomar o pagar" firmados con el gobierno anterior que vio cómo la estatal de servicios de energía de México pagó por un gas que nunca se entregó. La Comisión Federal de Electricidad, conocida localmente como CFE, está considerando aproximadamente US$3.000 millones en arbitraje para cuatro de los siete contratos de ductos en juego.

El enfrentamiento crea aún más temores de que AMLO, como también se le conoce, dificultará la vida de los inversionistas en el sector energético y pondrá en peligro la capacidad del país para mantener en funcionamiento las ciudades y las fábricas. Tras la escasez de energía y los apagones en los centros turísticos de Cancún, existen dudas sobre la viabilidad de proyectos como la planta automotriz de BMW AG. La tensión sobre los gasoductos ha provocado protestas en la comunidad empresarial mexicana.

"Tiene implicaciones considerables", dijo Rodrigo Rosas, analista de gas de México para Wood Mackenzie. "La gente está en alerta ahora que deberían tener algunas precauciones al invertir en México".

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la embajada de Canadá en México también se manifestaron en defensa de los contratos existentes.

El proyecto de más alto perfil es el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan de US$2.500 millones, una asociación entre TC Energy, el gigante con base en Calgary anteriormente llamado TransCanada que está proponiendo Keystone XL en EE.UU., e IEnova, una unidad mexicana de Sempra Energy en San Diego. El conducto se completó en junio tras retrasos.

El conglomerado Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim y Fermaca Enterprises, con base en México, también negociaron contratos con el gobierno anterior de México que les otorgó el derecho de invocar cláusulas de fuerza mayor mientras los ductos aún estaban en construcción.

Entretanto, las compañías no han sido tímidas en utilizar esta cláusula, dijo el gobierno, invocando fuerza mayor por los retrasos provocados por conflictos sociales y medidas legales, así como por el mal tiempo.

AMLO y los funcionarios que nombró para dirigir la CFE afirman que los contratos son injustos porque los problemas de los proyectos no son responsabilidad de la estatal. Están amenazando con demandar si no se pueden renegociar los pagos "inaceptables".

"Actualmente estamos analizando el contenido de la solicitud de arbitraje y su base legal", dijo Sempra en un comunicado enviado por correo electrónico. "Sin embargo, reafirmamos nuestra disposición a continuar la conversación con la CFE y las autoridades correspondientes para encontrar una resolución inmediata".

"No parece que tengan un buen caso, pero no hemos estamos al tanto de los entresijos de los contratos", dijo Rick Margolin, analista del mercado de gas natural en Genscape, sobre el plan de arbitraje del gobierno. "Ciertamente, la CFE cree que tiene una ventaja sobre la cual apoyarse, o de lo contrario no tomarían este camino".

Con información de Bloomberg