La CNDH, encabezada por Luis Raúl González Pérez, impugnó otras dos leyes que rigen a la Guardia Nacional (Foto:archivo)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos nuevas acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de la Guardia Nacional (GN).

Los recursos buscan invalidar las leyes sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, y se suman a las impugnaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.

Mediante un comunicado, el organismo señaló "La CNDH pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado y, en consecuencia, tenga certeza en dicha actuación".

Informó que busca que el marco jurídico que debe regir la actuación de la Guardia Nacional sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.

"Para esta comisión, las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de esos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la Suprema Corte debe pronunciarse".

La CNDH consideró que las leyes sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones vulneran los derechos humanos (Foto: Archivo)
La CNDH consideró que las leyes sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones vulneran los derechos humanos (Foto: Archivo)

Además de señalar omisiones legislativas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó argumentos sobre partes muy específicas de esas leyes como son: la facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones y localizar su posición geográfica en tiempo real sin que exista denuncia alguna, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas.

Inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, pues ello vulnera los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

Otro de los puntos impugnados por la CNDH es la posibilidad de usar armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas; medida que viola los derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión.

También expresó su preocupación por la reserva absoluta, previa, permanente e indeterminada de toda la información, ya que con ello se establece una restricción de acceso a la información, independientemente de su contenido o naturaleza.